La factura de los gastos de demolición del antiguo cuartel militar de Bonrepòs i Mirambell la pagará el Ayuntamiento tras llegar a un acuerdo con los propietarios de la antigua instalación militar, actualmente ocupada y en avanzado estado de deterioro.

Este gasto que asumirá íntegramente la Corporación ayudará a compensar la devolución de hasta 240.000 euros de IBI que se cobraron de más a los titulares debido a un error catastral. El Ayuntamiento, que se acaba de acoger al plan de pago a proveedores para saldar 600.000 euros pendientes en facturas, y que está elaborando un plan de ajustes para reducir todos los gastos al máximo, ha decidido hacerse cargo de la demolición para saldar parte de esta deuda contraída desde el año 2007.

Esta fórmula «nos permite afrontar parte de un gasto con el que no contábamos de la anterior legislatura. Estos ingresos indebidos se gastaron y ahora estamos obligados a devolver el 75% de lo cobrado a los propietarios. Por eso hemos llegado a un acuerdo con ellos para asumir la demolición, una vez se produzca la resolución judicial que permita desalojar la zona», explica el alcalde Fernando Traver.

Actualmente en estas antiguas instalaciones de uso militar malviven más de un centenar de personas, la mayoría inmigrantes sin papeles y personas sin trabajo que sobreviven recogiendo chatarra o ejerciendo de gorrillas.

De hecho, el desmantelamiento paulatino de las estructuras de los edificios que todavía quedan en pie han provocado ya diversos derrumbes en la zona. «Están desmantelando las naves que quedan y arrancando el material de hierro de las estructuras para revenderlo como chatarra y es cierto que a veces se escuchan derrumbes en la zona pero no podemos hacer nada hasta que no nos llegue el fallo judicial».

Una vez se desaloje la instalación el Ayuntamiento demolerá los inmuebles «y se retirará todo el amianto para su tratamiento. Los inertes se dejarán para que los retire el promotor. Toda la zona quedará vallada para evitar el acceso».

Este cuartel ocupa un tercio del suelo urbano del municipio, de ahí que se haya decidido, finalmente, realizar una modificación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para determinar el «mejor uso para toda esta zona que se repartirá entre residencial y terciario. Esta decisión cambiará la fisonomía del pueblo y por eso se ha decidido no realizar una modificación puntual a modo de parche».