Cada mes más de un millar de familias valencianas se quedan literalmente en la calle. Matrimonios con hijos pequeños y personas mayores a los que los juzgados desahucian de sus viviendas tras no haber podido hacer frente a la hipoteca. Dramas humanos que se repiten hasta 40 veces cada día.

La Comunitat ostenta el triste récord de ser la región de España más afectada por estos embargos. El año pasado se contabilizaron 13.711, lo que supone casi un 40% más que el año anterior, cuando la cifra no alcanzó los 10.000, según los datos publicados ayer por el consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A la valenciana le siguen Andalucía y Madrid. La menos azotada por estos procesos fue La Rioja, con 244.

Gemma y su marido Jaime viven bajo la amenaza del desahucio. «Tenemos esa incertidumbre», señala la valenciana. En 2006 se compraron una vivienda en el término de Real de Montroi. 120.000 euros por una casa sin luz, con agua de regadío, 50 metros cuadrados construidos y un amplio terreno. En 2009, ambos se quedaron en el paro y pidieron una moratoria para pagar las cuotas. Firmaron una novación y ampliaron la hipoteca a 50 años.

Pero había una cláusula que reza que si se deja de pagar una cuota, la casa puede ser subastada extrajudicialmente, algo que ocurrió en mayo del año pasado. En junio les llegó la orden de desahucio. «Ahí estuvimos a punto de tener que irnos pero luchamos porque la nadie nos había informado de aquella condición. Por eso se ha iniciado un nuevo procedimiento. Al menos contamos con más tiempo», explica Gemma. Pero la soga del desalojo sigue ahí. «Tenemos que seguir luchando», afirma.

El desempleo suele estar detrás de muchos casos que desembocan en un embargo. Mateo y su mujer se quedaron en el paro hace tres años. Ahora, en 2012, la pesadilla se ha hecho realidad. Este matrimonio y sus dos hijas se han quedado en la calle. Siguen sin trabajo y viven en casa de unos amigos.

Además, más 14.800 familias en la Comunitat se vieron inmersas el año pasado en procesos de ejecución hipotecaria. Esta cifra desciende al compararla con la de 2010 pero hay las estadísticas del CGPJ dejan otro dato muy preocupante. Estos procedimientos previos al lanzamiento han aumentado un 68%. Entre julio y septiembre se contabilizaron 2.741 ejecuciones, mientras que entre octubre y diciembre fueron más de 4.000.

Cáritas Diocesana de Valencia ha percibido esta realidad. El servicio de vivienda que puso en marcha la entidad católica en 2010 ha visto incrementados los usuarios en un 30%. El perfil, desde inmigrantes hasta valencianos y más mujeres que hombres.

En Torrent, el Ayuntamiento ha puesto en marcha, a través de la empresa municipal Nous Espais, un convenio pionero de colaboración con el Colegio de Abogados de Valencia, con el fin de prestar un servicio jurídico gratuito de atención a los vecinos del municipio que sufran esta problemática. La asistencia se centrará en la mediación y la intermediación para tratar de evitar la vía judicial contra quienes no pueden afrontar créditos de adquisición o arrendamiento de viviendas.