En 2006 J.S.O.G. vio cómo su vida dio “un giro de 180 grados”, pues había sido acusado de un delito de trata de seres humanos por captar, presuntamente, a ciudadanas venezolanas, introducirlas en España y obligarlas a prostituirse en Tenerife.

Casi seis años más tarde, y tras variar su acusación a un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, este exconcejal confesó ayer al Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el uso de la última palabra, que le “destrozaron la vida”.

Desde el primer momento, J.S.O.G., y el otro acusado por estos hechos, J.E.S.Q., declararon su inocencia sobre el delito de trata de seres humanos, una acusación que fue cambiada por una contra los derechos de los ciudadanos extranjeros el jueves por la Fiscalía en sus conclusiones definitivas.

Así, los acusados pasaron de enfrentarse a una pena de 10 años de prisión a una de cinco años el exedil y una de seis años y medio el otro imputado. Pese a lo significativo del cambio del delito, J.S.O.G. dijo al Tribunal que vio truncada su vida, tanto profesional como personal, pues en este último aspecto tuvo que irse a vivir dos años a Galicia por el juicio paralelo que se hizo en su pueblo.

Durante su alegato final, el Ministerio Fiscal consideró que era “de manual” que “no había duda alguna de que los acusados se pusieron de acuerdo para introducir mujeres en el país”, y que traían “a ciudadanos de forma ilegal”.

Por su parte, el abogado de la defensa, Manuel Quintero Quintero, elevó a definitiva su petición de libre absolución basándose en que con este cambio del tipo delictivo se había vulnerado el derecho de defensa", puesto que toda la prueba, desde la instrucción hasta el juicio oral inclusive, se practicó en base al delito de trata de seres humanos.

Dado que no se trata de delitos homogéneos, según la reforma del Código Penal de 2010, el letrado de la defensa pidió la nulidad.

Respecto a la acusación del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, Quintero recordó que “ninguna de las testigos protegidas dijo que las trajera alguno de los acusados”, sino otras personas que no estaban imputadas en esta causa, y destacó que los acusados “no gestionaron los pasaportes de las mujeres; lo hicieron ellas, que entraban en el país en situación legal, con sus permisos en regla, por un periodo de tres meses y luego se iban”.

Manuel Quintero también consideró que había existido contradicción en este cambio de la acusación pública y que se había atentado contra la arbitrariedad de un órgano del Estado.

El juicio quedó ayer visto para sentencia.