Las revueltas en el mundo árabe contribuyeron el año pasado a ahondar las fracturas de una UE ya debilitada por la crisis económica y dividida sobre el futuro de la Unión. Los países mediterráneos exigieron que los Veintisiete se repartieran el coste de la llegada masiva de inmigrantes , pero los vecinos del norte hicieron caso omiso a sus peticiones. Algunos dieron un paso más y optaron por soluciones radicales y de dudosa legalidad. Como Francia, que llegó a suspender la entrada en su territorio de trenes procedentes de Italia con el objetivo de frenar la entrada de inmigrantes .

París reaccionó así a la iniciativa de Roma de conceder permisos de residencia temporales a 25.000 tunecinos. La iniciativa francesa puso en entredicho el Acuerdo de Schengen, que regula la libre circulación de personas y representa uno de los hitos más importantes en la construcción de la UE. Un pacto que desde entonces ha quedado muy debilitado, ya que Francia logró imponer a sus socios la posibilidad de reintroducir los controles fronterizos en circunstancias excepcionales. En palabras de Nicolas Sarkozy, se trataba de «adaptar Schengen a las nuevas exigencias».