LA muerte a tiros por la policía de Mohamed Merah, presunto autor de los siete asesinatos cometidos en Toulouse y Montauban en tres ataques similares en nueve días, parece poner fin a la pesadilla que ha aterrorizado al suroeste francés pero no evita el ya eterno debate sobre los contrapesos de la seguridad y los derechos ni las preguntas sobre las responsabilidades del Estado, en este caso de la República francesa, tanto previas a los atentados como tras ellos. En primer lugar, parece evidente que los férreos sistemas implantados en todo Occidente en el siglo XXI tras la determinación de exacerbar la seguridad aun a costa de limitar los derechos y libertades de sus ciudadanos no han sido, no son, suficientes y, por tanto, tampoco la solución al problema. Si el historial y recorrido de Mohamed Merah puesto en circulación por el Ministerio de Interior francés es cierto, en algún lugar de esos sistemas existe al menos un nivel de responsabilidad exigible en el hecho de que un joven fichado como presumible islamista radical, que ha viajado en al menos dos ocasiones en 2007 y 2011 a Pakistán y Afganistán, al que se le sabe fugado de una prisión en Kandahar, en donde había sido condenado por elaboración de explosivos, y que además había sido identificado en una reunión de elementos salafistas en Tarragona, pudiera no solo campar a sus anchas por Toulouse, localidad en la que vive su familia, sino también hacerse con el enorme arsenal que, según fuentes policiales, guardaba junto con su hermano. Pero también, conociendo los otros antecedentes penales de Merah, cabría preguntarse por el nivel de responsabilidad del Estado francés en el tremendo desarraigo social y la consiguiente aversión al orden establecido que afecta a las jóvenes generaciones de franceses de nacimiento pero de origen étnico diferente que crecen en los suburbios de las grandes aglomeraciones urbanas, desarraigo que se ha venido traduciendo en episódicos estallidos y que, desagraciadamente, abonan además la reaparición de corrientes ideológicas contrarias, xenófobas y también más o menos violentas. Sin la más mínima intención de atenuar la carga de culpabilidad del criminal ni tampoco la de quienes le utilizan como herramienta de una tan sanguinaria como inútil estrategia violenta que pretenden unida a una ideología o a una religión; el Estado, en este caso el francés, debe empezar a hacer frente a las responsabilidades de su propia actitud y hacerlo no ya combatiendo las consecuencias mediante una infinita y siempre insuficiente ampliación de los mecanismos de seguridad, sino a través de la resolución de las causas que las provocan y entre las que no se puede obviar que están, además, la merma de derechos y libertades, en algunos casos los abusos, que esa obsesión por la protección provoca.