En cuanto pase la conmoción provocada por los inicuos asesinatos de siete ciudadanos franceses a manos de un terrorista de AlQaida es previsible la tempestad política. Y que en plena campaña para la elección presidencial, el asunto evolucione hacia territorios más abruptos y prosaicos que los de la condena unánime y la solidaridad con las familias de las víctimas. De hecho ya se registran algunas escaramuzas en los grandes partidos, que reflexionan sobre cómo actuar para evitar que el presidente Sarkozy se apunte un tanto; el tanto de la rápida identificación y neutralización del terrorista, un francés de origen argelino con notorio entrenamiento militar y un arsenal privado con el que podría haber continuado sus ataques. Este éxito, sin embargo, se atenúa mucho si se considera que, como reconoció el propio ministro del Interior, Claude Guéant, el sujeto ya figuraba como militante yihadista en los ficheros policiales. La revelación de que estuvo en Afganistán y participó allí en operaciones terroristas antes de volver a Francia con toda tranquilidad añade un punto de estupor sobre la conducta de los poderosos servicios secretos franceses. Con estas valoraciones en la calle y en los medios lo más prudente y honorable será que los partidos ahorren al público el bochorno de una polémica sobre eficacia, autoría y responsabilidad. Algo de esto sabemos aquí. Las matanzas, en todo caso, se han cobrado siete vidas inocentes. Con la elección cuidadosa de las víctimas, franceses de origen árabe y ciudadanos judíos, el terrorista quiso dar un color pretendidamente ‘político’ a sus repugnantes delitos, insertarlos en una pretendida guerra que la cultura musulmana estaría librando ‘contra cruzados y judíos’. Esta falacia retórica no pasa, un asesinato a traición no es un acto de guerra y si entre las víctimas hay niños se añade un plus de crueldad y cobardía que solo debería producir unidad social y condena unánime. Eso deben procurar los franceses, empezando por sus líderes políticos.