viven en Vitoria, Burgos o en cualquier punto de la carretera del territorio español. O malviven. De hecho, la mayoría del tiempo ni siquiera saben en qué punto concreto de la geografía se encuentran ni dónde estará el próximo local al que se les enviará. Son los miles de personas obligadas a ejercer la prostitución en España y que el año pasado encontraron una mano amiga en Álava a través de la Comisión Antisida y el Gobierno Vasco.

Acceder a ellas no es fácil porque sus proxenetas no les permiten en la mayoría de las ocasiones salir de su ámbito de control por lo que son otras compañeras las que, muchas veces, conocen su situación y les acercan la información necesaria para poder huir de la cárcel en la que se encuentran.

De esta forma, el año pasado se incorporó al programa Nahikari de atención a prostitutas de la Comisión Antisida, la actividad de detección y actuación en situación de trata, con resultados mejores de los esperados gracias al reparto de 244 tarjetas informativas en las visitas de campo y las 175 realizadas en la asociación. Este recurso surge de la participación de este colectivo social en el grupo de prostitución forzada de la Dirección de atención a las víctimas de la violencia de género del Gobierno Vasco.

Los buenos datos del estreno fueron auspiciados por el gran ámbito de actuación de la asociación. Y es que la Comisión Antisida entró en contacto el pasado ejercicio con 219 personas, con 44 nuevas profesionales. El perfil del sector en Álava es el de una mujer inmigrante de unos 33 años, con hijos a su cargo, preocupada por su salud y en situación irregular. Y es que la crisis ha llevado a que muchas féminas de clase media-baja se hayan visto obligadas a tomar la decisión de ejercer este trabajo o retomarlo después de años de abandono. Eso sí, no en las condiciones de hace unas décadas.

De hecho, en la actualidad, son ya pocas las meretrices que ofrecen sus servicios en la calle y el 90% realiza el trabajo en clubes y pisos, según los datos registrados por esta asociación en sus visitas periódicas a los puntos de prostitución.

El servicio de ayuda a este colectivo concertó el año pasado 110 citas, llevó a cabo 138 seguimientos telefónicos y realizó 49 acompañamientos, en su mayoría relacionados con citas médicas y consultas laborales y jurídicas. Y es que los principales motivos por los que estas profesionales recurren al programa son el apoyo para la tramitación de la Tarjeta Individual Sanitaria, acceso a la prueba del VIH y otras ETS y a revisiones ginecológicas. Otras demandas se centran en la orientación legal para su condición migratoria, búsqueda de vivienda, acceso a formación laboral u orientación en la búsqueda de empleo, entre otras.

Estas condiciones dan una idea de que muchas de las prostitutas no sólo se preocupan por su salud sino que, además, buscan alternativas para tratar de abandonar la actividad y encontrar otras formas de ganarse la vida.

Aunque lo cierto es que las amenazas con que retienen a estas personas llevan a que sean pocas, de momento, las que se animan a denunciar. De hecho, la mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual rechazaron acogerse en 2011 en España al artículo 59 bis de la reformada ley de extranjería, que amplía la protección de estas mujeres y la de sus familiares para facilitar que éstas colaboren con las fuerzas de seguridad. Así de las 752 ofertas que hicieron las fuerzas de seguridad a las víctimas potenciales para acogerse a este artículo, 669 lo rechazaron (el 89%). El artículo, que entró en vigor el pasado 29 de julio, tiene como objetivo ampliar la protección a las víctimas de trata de blanca para facilitar que éstas colaboren en la investigación de sus explotadores. Así, cuando la mujer decida acogerse al periodo de al menos 30 días de restablecimiento y reflexión que recoge el artículo para decidir si colabora, se amplía la protección no sólo a hijos y familiares sino también a personas de su entorno que se puedan ver afectadas por la decisión de denunciar.