Bilbao. Hay personas que ven una oportunidad de negocio en la desgracia ajena. Este parece ser el caso de M. C. F. G., abogada afincada profesionalmente en Bilbao e imputada en nueve procedimientos judiciales como presunta responsable de estafar a más de 300 inmigrantes. La letrada exigía a los estafados entre 1.000 y 2.000 euros a cambio de ofertas de trabajo – que resultaban ser ficticias – para acelerar los trámites de sus permisos de residencia. La cantidad que M. C. F. G. podría haber estafado oscila entre los 300.000 y los 600.000 euros.

Esta abogada ya fue condenada en 2008 por la Audiencia Provincial de Bizkaia por la comisión de varios delitos similares ocurridos en 2005 cuando timó a otras 40 personas. Entonces, la letrada fue condenada a dos años de prisión, a otros dos de inhabilitación profesional, además de a abonar más de 35.000 euros en concepto de indemnización. “A pesar de la sentencia y de que, al menos desde 2008, hay varios procedimientos abiertos contra esta mujer en los juzgados de Instrucción de Bilbao, ha seguido repitiendo estas estafas. En noviembre de 2011 fue detenida junto a un colaborador y ha sido imputada en asuntos similares”, afirmó Carlos Alonso, abogado de SOS Racismo.

Por todo ello, esta organización denunció ayer la presunta implicación de M. C. F. G., que se aprovechaba de la “vulnerabilidad de las personas estafadas”. Además, la ONG anunció que se personará como acusación particular en algunos de los principales procedimientos judiciales abiertos, “en ejercicio de la acción popular o en representación de los afectados, para esclarecer los hechos, depurar las responsabilidades legales y, especialmente, tratar de evitar que sigan produciéndose”, aclaró Alonso.

También el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío Bizkaia está personado en “algunos de los procedimientos” y ejercerá la acusación en los todos procedimientos donde está imputada la citada abogada.

Actualmente, según la organización, existen once procedimientos judiciales abiertos, al menos en ocho juzgados de Instrucción distintos de Bilbao con más de 300 inmigrantes afectados por estos hechos. De estos procedimientos, “al menos nueve” se interponen contra esta abogada.

La mayoría de estos procedimientos se encuentran, por el momento, en fase de diligencias previas, es decir, en periodo de investigación judicial, lo que según la ONG conlleva una “lenta tramitación dada la cantidad de víctimas y las dificultades en muchos casos de su localización y toma de declaración, por su situación personal y legal”. Si bien, en los otros dos procedimientos son otras la personas implicadas.

De las más de 300 personas presuntamente engañadas por M. C. F. G., la mayoría pertenece al colectivo senegalés, subsahariano y magrebí, aunque también hay personas de origen latinoamericano que abonaron cerca de 2.000 euros por un contrato que resultó ser falso.

Condenada M. C. F. G., la abogada de Bilbao investigada por estos hechos, ya fue condenada por la Audiencia Provincial de Bizkaia. La condena se conoció con una sentencia hecha pública el 13 de mayo de 2008. Entonces, la letrada fue condenada por varias estafas cometidas del mismo modo a las de ahora que tuvieron lugar entre abril y mayo de 2005. En aquella ocasión, la sentencia reconocía que se presentaron 66 solicitudes de residencia y trabajo, de las que 65 fueron denegadas y, al menos, 40 personas denunciantes fueron estafadas.

La Audiencia Provincial condenó a la abogada por un delito continuado de estafa a dos años de prisión, que no cumplió “al no tener antecedentes y ser la primera vez que se la condenaba”, así como a una multa de 4.680 euros, a dos años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogada y a unas indemnizaciones por importe de 30.740 euros.