Aunque en una economía de guerra, su departamento ha sido el más beneficiado de unos Presupuestos austeros. ¿Siente que sus compañeros le miran mal?

No porque ésta es una decisión compartida en primer lugar por el diputado general y después por el consejo de diputados, que es el encargado de aprobar el proyecto de norma foral presupuestaria. Esto es fruto de una labor de fijar prioridades por parte del PP en la Diputación. Y ésta ha sido que los alaveses que pueden estar en situación de necesitarlo más han de ser los que menos sufran. Sin negar que, aun cuando subamos de presupuesto, vamos a intentar gestionarlo de la manera más eficiente y eficaz posible.

Aun así ha habido recortes. Si antes con menos dinero se llegaba a más sectores, como igualdad, inmigración o cooperación, ¿por qué ahora no es posible?

En mi departamento el 95% de los recursos se los lleva el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), que es donde atendemos a personas mayores, programas de intervención social, discapacidad, menor y familia. Y prácticamente el 5% es para cooperación y desarrollo, igualdad e inmigración. La adecuación de las Cuentas en estas tres áreas es fruto también de un establecimiento de prioridades. A cooperación y desarrollo en esta institución se destina el 1% del presupuesto disponible y si éste baja, también lo hace esa proporción. En materia de inmigración, la competencias que tiene asumidas la Diputación son inexistentes, únicamente promocionamos la interculturalidad. Y en el caso de igualdad, el mayor presupuesto que se puede dedicar está insertado dentro del propio IFBS, donde llevamos a cabo importantes programas contra la violencia de género, atención a mujeres víctimas de maltrato y políticas de igualdad. Y lo que quedaría en ese área simplemente serían todas esas campañas de sensibilización y labores de promoción. Y en una época como la que estamos viviendo, hemos primado aquellos programas que influyen más directamente no tanto en el movimiento asociativo como en las personas. Porque a pesar de que estamos en crisis, las personas dependientes siguen aumentando y solicitando valoraciones de dependencia y éstas se van a realizar. Y creo que todo el mundo entiende que se priorice la atención a un dependiente sobre una posible merma este año con respecto a otro para el movimiento asociativo, cuya actuación puede ser muy loable, pero de la que el bienestar de una persona no depende directamente.

Algunas plataformas no han dudado en acusarle de racismo. ¿Qué tiene que responder?

En primer lugar, que son falsas. No hay que confundir el rigor, que es lo que piden los ciudadanos, con acusaciones sesgadas de racismo que no se ajustan a la realidad. A nadie se le escapa y, en concreto, en relación con la polémica que ha podido ocurrir en relación a los menas, que si cualquiera de nosotros intentamos conseguir un beneficio engañando, las instituciones no actúan. Los recursos están para aquellos que los necesitan y cumplen los requisitos, pero no para beneficiarse de recursos que están destinados a menores y no lo son. Lo que nos asegura la legitimidad de las políticas públicas de servicios sociales y la opinión que de ellas tenga la sociedad alavesa es que se actúa con rigor y que los recursos llegan a quien los necesita.

¿No cree arriesgado fiarse de unas pruebas óseas con una horquilla de error de 18 meses?

No, porque no nos basamos exclusivamente en eso. En ocasiones, hemos detectado casos de pasaportes falsos, de personas que refieren llevar en el territorio nacional un año y están desde hace más de cuatro, gente que ha pedido asilo político y para ello hay que ser mayor de edad, otros que ingresan como menores y a la semana descubrimos que existen decretos de mayoría de edad en otros sitios o algunos que, en su peregrinar por el territorio nacional, han dado dos nombres, países y fechas de nacimiento distintos.

¿Por qué se recurre a la pruebas óseas ante la duda de la veracidad de su documentación si algunos colectivos aseguran que la legislación obliga a recurrir a las embajadas correspondientes para verificarlo?

Porque las instrucciones de la Fiscalía General del Estado a lo largo de los últimos años son bastante claras y no los citan, pero hay países que no tenemos la certeza absoluta de que los datos que publican en sus pasaportes sean veraces. En muchas ocasiones, es documentación que se obtiene posteriormente a la entrada en España e incluso, en algún expediente, constan dos pasaportes distintos. Y, por otra parte, quiero dejar claro que posiblemente el territorio histórico de Álava, dentro del nacional, es uno de los más garantistas, en cuanto a las pruebas de determinación ósea. Porque a diferencia de otros puntos donde se toma la radiografía de la muñeca, aquí también se analiza la clavícula y la dentadura. Además, se pasa un examen forense en el que se determina el nivel de madurez psicológico y sexual de esas personas. Y ese grado de error lo tienen en cuenta tanto los forenses como los fiscales de extranjería y, en caso de duda, siempre se determina la minoría de edad.

La oposición alega que hay que establecer un proceso intermedio para que estos jóvenes no se vean directamente en la calle.

Lo único que ha cambiado con respecto a antes es que cuando se tardaba cuatro meses en determinar la edad, gracias a la colaboración que ha existido entre la Diputación, la fiscalía, los médicos forenses, Osakidetza y Subdelegación de Gobierno hemos conseguido acortar los plazos a un mes.

Muchas asociaciones también anuncian su cierre. Ustedes han expresado su intención de apoyarse en el entramado social.

No se puede generalizar en lo que se refiere a asociaciones. Todas las que reúnen a afectados de discapacidad o enfermedades mantienen los convenios con la misma cantidad presupuestaria del año anterior. Ahí no ha habido merma en la medida que consideramos que gestionan programas de servicio público. El resto del movimiento asociativo concurrirá a las líneas de subvenciones y se procederá a financiar a aquellos que se consideren de mayor interés público. Además, si las asociaciones no gubernamentales lo son, también tienen que ser capaces de vivir y funcionar al margen del convenio público porque si no, ¿dónde está el carácter no gubernamental? Lo perdería porque este compromiso social tiene mucho también de voluntario.

Los convenios y ayudas con asociaciones se cierran casi al final de cada ejercicio y eso limita la capacidad de actuación de los colectivos. ¿No habría que cambiar el sistema para que pudieran planear los programas y no se quedaran recursos sin usar?

Nos lo hemos planteado. Cuando entré en este departamento a últimos de julio, me encontré con que prácticamente casi todos los convenios estaban sin firmar. Y mi firme propósito, y espero conseguirlo, es que para junio de este año esté todo firmado porque da garantía y estabilidad a la relación que mantenemos.

Apuesta por el modelo de gestión público – privado, pero la oposición recuerda que ese modelo se ha mostrado ineficaz en Ariznavarra y la Clínica Álava.

En Álava se apuesta por un modelo público como en Bizkaia y Gipuzkoa. Esto significa que ha de estar planificado desde la responsabilidad pública y controlado, inspeccionado y tutelado desde la Administración pública. Cuestión bien distinta es que no se utilicen todos los mecanismos que pueda haber para gestionar este modelo. Lo que es una realidad es que, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, el peso de la gestión pública en Álava es de un 60%, en Bizkaia de un 20% y en Gipuzkoa, de un 17,1%. Aquí, en la medida que pretendemos mantener la calidad de los servicios públicos que prestamos, hay que ir avanzando para hacer sostenible el sistema y utilizar todas las fórmulas posibles. Y no sólo mayoritariamente la pública como está ahora, con recursos propios, sino también la concertación con el sector privado y una tercera vía, como es la colaboración con el tercer sector, que en la actualidad ya funciona en algunos de nuestros recursos.

Parece que le ha tocado bailar con la más fea.

O con la más guapa. Lo veo también como una oportunidad porque tenemos que intentar hacer sostenible el sistema de servicios sociales para poder atender a los alaveses que están en situación de necesitarlo hoy, pero también mañana.