El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Italia por la expulsión colectiva de inmigrantes a Libia. El Gobierno italiano deberá pagar 15.000 euros por inmigrante expulsado (fueron unos 200 ciudadanos somalís y eritreos interceptados en mayo del 2009 a 35 millas de la isla de Lampedusa) en concepto de daños y un millón y medio de euros más por las costas del proceso. El primer ministro, Mario Monti, ha asegurado que examinará “con la máxima atención” la sentencia para tomar “decisiones para el futuro”.

Los hechos que le han valido a Italia la condena sucedieron en mayo del 2009, durante el mandato de Silvio Berlusconi, cuya Administración ordenó recoger en alta mar a los 200 náufragos somalís y eritreos, con derecho a asilo, que huían de Libia y después los devolvió mediante engaños a aquel país, donde fueron torturados. En ese momento estaba en vigor un “acuerdo de amistad” firmado en Roma y Trípoli, entonces gobernada por Muamar Gadafi, que contemplaba el rechazo en alta mar de las barcazas de inmigrantes clandestinos.
Acuerdo por unanimidad

Con su sentencia, el tribunal europeo ha establecido una cuestión de principio según la que no se puede rechazar a unos inmigrantes para devolverlos al punto de donde salieron. La razón es que podría tratarse, como en el caso sentenciado, de fugitivos de países en guerra, que podrían pedir asilo político en otro. La sentencia, decidida por unanimidad entre los 17 jueces de la Gran Sala, establece también que en Europa o por iniciativa europea no se pueden realizar expulsiones colectivas de inmigrantes. Los magistrados arguyen que las autoridades italianas “sabían o debían saber” que con la repatriación los 200 inmigrantes no habrían contado con ninguna garantía de ser bien tratados, ni en Libia, ni en sus países.

La causa contra Italia fue planteada por 24 demandantes de los 200 interceptados, los cuales viven en Benín, Libia, Malta, Suiza e Italia, casi todos como refugiados políticos. Uno de ellos ha muerto.
El anterior Gobierno critica la sentencia

“Examinaremos con atención la sentencia”, ha comentado el primer ministro Mario Monti al conocer la decisión del tribunal, puntualizando que se trata de “casos referidos al pasado”. Andrea Riccardi, ministro de la Integración y Cooperación, ha añadido que el Gobierno seguirá “una política clara, transparente y correcta sobre la inmigración, sin ocultar nada”. “Tomaremos medidas por lo que se refiere al futuro”, ha subrayado Monti.

Roberto Maroni, ministro de Interior del Gobierno de Berlusconi e inspirador de la política de los rechazos incluso en alta mar, ha criticado la sentencia. “Es una pura locura”, ha comentado el europarlamentario Matteo Salvini, de la Liga del Norte, del mismo partido que Maroni. Maurizio Gasparri, jefe de los senadores conservadores, ha puntualizado que la política migratoria del Gobierno de Berlusconi “estaba en línea con el derecho internacional”.