pamplona. Eso sí, las entidades financieras se podrán acoger a este código de forma “voluntaria”. Para algunos, un paso necesario pero insuficiente y propagandístico, para otros no vinculante e “ineficaz”. Lo cierto es que la medida se produce en un momento en que se producen al menos dos desahucios diarios de media en Navarra, los bancos han ejecutado más de 2.500 hipotecas por impagos desde que comenzó la crisis en 2008, y hay más de 12.500 familias en la Comunidad Foral en la que todos sus miembros activos están en paro, y de ellas unas 7.000 no tienen ingresos, según datos del INE.

Dentro de una serie de medidas recogidas en un código de buena práctica y reformas de carácter legal, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, adelantó ayer que el Gobierno estatal propondrá que al menos durante dos años estas familias empobrecidas puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo. En concreto, este periodo “prudencial” podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerado “justo”.

Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos definió como “umbral de exclusión”, la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales. El titular de Economía advirtió de que habrá que actuar con “cautela” para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma “abusiva y fraudulenta”. También avanzó que propondrá que las cuotas pagadas reduzcan el capital pendiente y no los intereses. La reforma supondrá la reducción de los intereses moratorios, ya “que son claramente excesivos”, justificó, para las personas en el umbral de exclusión y que las entidades financieras cubran un determinado porcentaje de la diferencia entre el valor de tasación y el precio al que finalmente se ajusta en subasta.

Y es que la crisis está haciendo mella entre las familias de clase media. Cabe recordar que más de 14.000 familias navarras sufrieron retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad) en los últimos doce meses del año pasado, según los datos de la última encuesta de condiciones de vida 2011 publicada por el INE.

Desde el programa EISOVI de vivienda de integración social que gestiona ADSIS, Gilberto Padrón asegura que la dación en pago para circunstancias excepcionales para personas con menos recursos es una “solución aceptable” pero insuficiente ya que la fórmula “moralmente justa es que la dación en pago se contemple en cualquier caso”. Destaca, por otro lado, que desde este programa se atienden al año a más de mil familias con dificultades para el pago de los alquileres (fundamentalmente) e hipotecas, de las que destacan las más de treinta familias que vienen con un desahucio inminente y otras con dificultades de impagos que pueden desembocar en un desalojo (unas 200). Destaca también el crecimiento de casos de parejas separadas y que uno de los cónyuges se queda sin vivienda por sentencia judicial. Los casos más demandados llegan de familias que viven en alquiler de pisos o habitaciones, la mitad de origen inmigrante.

Por su parte, desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, Ubaldo Gonzalez destacó que al no ser una medida obligatoria no vincula a las entidades financieras a aplicar la dación en pago, “será opcional por lo que se se queda corta” ante una realidad, que va en aumento y está movilizando a colectivos de protesta que propugnan medidas colectivas como está ocurriendo en Berriozar, Ansoáin o San Jorge, “donde vivo, es rara la semana en la que no aparecen una o dos personas que llevan varios meses sin pagar la hipoteca y están esperando que les llegue la notificación del banco”. También Ángel Iriarte, de Cáritas, defiende que la dación en pago se extienda no solo a situaciones de emergencia. La entidad benéfica ha visto incrementar las reclamaciones por impagos en hipotecas y alquileres de habitanciones por efecto de la crisis.