No son 40.000 como se había dicho. Son unos 10.000. Son 10.000 personas que viven en la Cañada Real y que buscan una solución al grave problema que se ha producido por la desidia histórica de las administraciones. El terreno de propiedad pública ha sido tomado desde hace 50 años por cientos de ciudadanos okupas que han construido casas, negocios e industrias de forma ilegal sin que nadie les haya dicho nada.

La Asamblea de Madrid aprobó el año pasado una ley por la que declaraba bien patrimonial de la Comunidad todo el terreno. El objetivo era resolver un problema enquistado y que nadie ha sabido solucionar. Con la ley en la mano el Gobierno regional podrá enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio jurídico permitido, preferentemente a los ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas y Coslada). Pero también podrá hacerlo con terceras personas, es decir, con los habitantes que han construido sus casas de forma ilegal (algunas muy lujosas) en terrenos públicos.

La ley establecía un plazo hacer un censo y dos años para ponerse a hablar con todas las partes implicadas (administraciones y vecinos) y comenzar a dar soluciones.

El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, es el encargado de resolver el marrón de este poblado cargado de irregularidades urbanísticas y legales. Muchos roban la luz, el agua. Algunos, como los que pertenecen al Ayuntamiento de Madrid, pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aunque no tienen título de propiedad.

La Consejería ha elaborado un primer informe sobre la situación de esta barriada realizado en base a la información que le han facilitado cuatro asociaciones de vecinos y el Instituto del Realojo e Integración Social (IRIS).

El informe ofrece una primera radiografía de esta lengua de territorio nacida a los dos lados del camino de esta vía pecuaria que nace en la avenida de la Cañada, de Coslada, y termina en el término municipal de Getafe. Son 14,4 kilómetros de problemas, de 30 metros en su parte más ancha y 107 hectáreas en total.

El próximo paso es que los ayuntamientos implicados entreguen el censo oficial de habitantes que estaban comprometidos a elaborar tras la puesta en marcha de la ley.

La Cañada ha sido dividida en seis sectores. Los tres primeros discurren por los tres municipios citados y son en su mayor parte casas levantadas de forma ilegal, unifamiliares de hasta dos alturas en las que viven fundamentalmente familias españolas. En el sector 4 existen construcciones unifamiliares en las que viven familias españolas con otras de etnia gitana. En la zona 5 conviven españoles con extranjeros en viviendas unifamiliares de hasta dos pisos.

El sector 6 es el más complicado. Las familias son de etnia gitana y extranjeras que viven en infraviviendas sin los servicios que han logrado montar los de otros sectores. El tráfico de drogas, e incluso de armas, ha provocado numerosas intervenciones de la Policía y la Guardia Civil. El poblado el Gallinero está cerca de este punto, pero no pertenece a la Cañada.

La Comunidad inicia hoy la primera reunión conjunta con los representantes de las cuatro asociaciones que se han creado en los últimos años. El objetivo es dar una respuesta transversal al problema dando la posibilidad a los ayuntamientos, dentro de su autonomía política, a que se legalicen las viviendas que cumplan o puedan cumplir con las normas.

En un momento dado, cuando cumplan con las normas, podrán adquirir, si así lo aprueban los ayuntamientos, el suelo y legalizar su situación. Entonces podrán también contratar luz, agua y alcantarillado, algo que ahora no pagan y tienen porque pinchan en instalaciones propiedad de estas empresas.

En ese momento la Administración también estará obligada a darles los servicios básicos (alcantarillado, luz, agua, aceras, asfaltados…) de los que ahora carecen porque teóricamente no existen.

Se van a formar dos mesas sectoriales en las que estarán vecinos y administraciones públicas, incluida la Delegación del Gobierno. El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, cree que todos están dispuestos a colaborar, incluidos los tres ayuntamientos. Sabe que el camino estará repleto de dificultades, pero está seguro de que con las medidas necesarias podrá terminarse, o al menos, encauzar un problema creado hace 50 años y que nadie ha sabido resolver.