Donostia. La Diputación y el Consistorio donostiarra han mantenido diferentes encuentros con organizaciones de inmigrantes en los últimos tiempos. El diagnóstico que ofrece la juventud extranjera más desfavorecida comienza a ser desalentador. Los menores que en su día estuvieron bajo tutela, y que con un trabajo bajo el brazo habían comenzado a diseñar su futuro, se han convertido, tres años después del zarpazo, en jóvenes sin recursos que vagan sin pena ni gloria. “Lo han perdido todo. Es una situación que nos preocupa mucho”, reconocen fuentes cercanas a este colectivo.

Estas mismas organizaciones han trasladado a las instituciones la necesidad de mejorar los servicios de baja exigencia dirigidos a estas personas que se deslizan por la pendiente de la exclusión. Según datos del grupo de trabajo Kale Gorria, unas 200 personas en Donostialdea duermen habitualmente en la calle.

Con el fin de corregir esta situación, Donostia estudia diferentes mejoras, según ha podido saber este periódico. Una de ellas contemplaría ampliar el tiempo de estancia en los albergues que se abren durante el invierno y que se clausuran en marzo, cuando remiten las bajas temperaturas. También se baraja la posibilidad de habilitar un nuevo comedor social que responda a las nuevas necesidades surgidas tras la crisis. El Consistorio ofrecerá mañana una rueda de prensa dando a conocer alguno de estos detalles.

Por lo pronto, quienes trabajan a “pie de obra” dan cuenta de un trasiego de gentes incesante. “Este servicio está siempre hasta arriba”, indicaba ayer gráficamente la educadora social Oiane Maedero. Junto a ella, 40 personas de varias nacionalidades estiraban sus brazos aguardando el nuevo día. “El servicio lo cerramos para las 9.00 horas. A partir de ahí todo el mundo debe abandonar el recinto hasta que llegue la hora de acostarse”. A unos metros de la educadora social, un joven musulmán apuraba los últimos rezos de la mañana.

Las agujas del reloj marcaban las 8.30 horas. El escenario en el que ocurría todo ello es Hotzaldi, la antigua iglesia de la Sagrada Familia de Intxaurrondo Zaharra, que gestiona Cáritas. Arrancaba así un nuevo día tan gélido como el anterior (cero grados en el termómetro), aunque al menos ayer lo hacía bajo el auspicio de unos tímidos rayos que a esa hora de la mañana no se notaban.

Así, pulcramente, cada uno de los usuarios doblaba las mantas con las que se había guarecido del frío durante la noche poco antes de tomar una taza de café dispuesta en uno de los laterales del local. Con un par de galletas en la mano, iban saliendo a la calle a enfrentarse a un nuevo día que sonaba a música conocida.

Esta misma historia se repite cada día en Donostia en los cinco alojamientos similares a este, con un total de 140 camas, y una ocupación que se dispara estas fechas.

Es el caso del del Neguko Aterpea, que ofrece una cama, un desayuno caliente y productos de aseo a los indigentes. Este local está situado en un pabellón de Zorroaga y cuenta con 40 camas que se gestionan desde los servicios sociales del Ayuntamiento donostiarra. Funciona del 15 de noviembre al 31 de marzo, y durante esas fechas, cuelga el cartel de completo en repetidas ocasiones.

control policial Uno de los fenómenos que ha traído consigo el incremento del colectivo de personas sin hogar es el de los controles policiales. El verano pasado Cáritas Gipuzkoa denunció “controles de identificación selectivos” llevados a cabo con inmigrantes usuarios del Centro de Acogida Lagun – tza Etxea, en Intxaurrondo Zaharra, cerca de Hotzaldi.

Las actuaciones desplegadas por la Policía Nacional y la Guardia Municipal pusieron “en dificultad el funcionamiento del centro y la acción social” con personas a quienes su situación administrativa irregular parecía convertir en meros delincuentes. Por aquel entonces, los controles “selectivos de identificación” se centraron en personas subsaharianas, marroquíes y argelinos, personas a quienes, al parecer, se les abrió un expediente de expulsión. “No paran a cualquier persona, están parando a inmigrantes con determinados rasgos”, censuró la organización humanitaria.

Aunque ese foco de tensión parece haberse diluido y las cosas, de algún modo, se han reconducido, actualmente hay organizaciones sociales que siguen denunciando el “especial ensañamiento” hacia este colectivo. Según explican estas fuentes, en el mes de octubre, dos menores marroquíes del entorno de la Mezquita de Errenteria fueron arrestados para derivarlos a un centro de internamiento. Fue un suceso que no trascendió. “Hay agentes que vienen de paisano, que intentan evitar que trasciendan sus actuaciones pero que siguen cometiendo este tipo de arrestos”, censuran.