pamplona. . El perfil tipo es el de una persona inmigrante que ya ha recorrido otros recursos, que no tiene derecho a la renta básica o que se le ha agotado, que tienen problemas legales de documentación, y que finalmente recurren a organizaciones sociales tras agotar la vía de los servicios públicos. Son personas que han estado trabajando esporádicamente o de forma continuada, que se han endeudado con la compra de una vivienda, y que “ahora no tiene liquidez para afrontar los pagos”.

“Estas personas inmigrantes en su día se asentaron y vivieron bien cuando tuvieron trabajo, pero ahora no pueden pagar sus deudas”, remarca. Algunos piden a Cruz Roja empleo, otros solicitan información, también sobre el retorno a su país, si bien “no es a lo primero que se agarran porque ha costado mucho conseguir la documentación y no necesariamente nuestra crisis es peor que la situación económica que viven en sus países”. También los hay que demandan estar ocupados, cursos o programas de voluntariado.

En este momento, detectan desde Cruz Roja que también se están incorporando al grupo de mayor riesgo de exclusión social aquellos nacionales “que se encuentran en circunstancias parecidas, que antes no recurrían a entidades como la Cruz Roja porque siempre habían trabajado, pero se han quedado sin ocupación, tienen una hipoteca, y quieren entrar en nuestro plan de empleo”. En este nuevo grupo despunta el colectivo de mayores de 50 – 53 años. También hay personas jubiladas con pensiones no contributivas – poco más de 400 euros al mes – que vuelven a acoger en sus domicilios a sus hijos en paro y nietos. “Este es un grupo de riesgo clarísimo”, destacó, a la vez que apuntó que estas situaciones urgentes las deberá compensar la llamada renta básica. Y recordó que en 2010, la población autóctona aumentó un 10%.

Cruz Roja ofrece su plan de empleo, donde se “casan” ofertas y demandas de trabajo, sobre todo las relacionadas con la atención de personas dependientes. Oferta también formación y ayudas asistenciales puntuales como los roperos sociales, pero no ayudas económicas directas, aunque muchas personas que acuden a la organización solicitan “empleo y dinero para pagar la hipoteca, la luz o el agua”. Igea aseguró que si el mercado laboral no se mueve la organización “va a sufrir”, ya que “va a tener un volumen de población muy superior a su capacidad técnica y de voluntarios”. La organización se mueve con subvenciones públicas y “no recauda dinero suficiente” para hacer frente al volumen de personas que necesitan de sus servicios.

Como medidas para luchar contra la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión social el estudio ayer presentado considera “imprescindible” el liderazgo del sector público, “compaginar políticas estructurales con otras conyunturales, de carácter paliativo y dirigidas a los sectores menor favorecidos”, así como aplicar el enfoque de género a las medidas para abordar la pobreza y su feminización.