Donostia. La consejera vasca de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, afirmó, sobre la no asistencia de la Diputación de Gipuzkoa al encuentro celebrado ayer en Donostia sobre el Pacto Social por la Inmigración, que no le gustan “las posiciones excluyentes ni las de quienes se autoexcluyen”. Zabaleta respondió así, en declaraciones a los periodistas en un receso de dicha reunión, a la nota difundida el día anterior por la institución guipuzcoana gobernada por Bildu en la que anunciaba que no acudiría porque tanto este acuerdo social como el plan general de inmigración y convivencia promovidos por el Gobierno Vasco “nacen viciados desde un principio”, al obviar “la negación” al pueblo vasco de “su derecho” a decidir también en esta materia.

La consejera ha mostrado su “sorpresa” y “extrañeza” por que quienes, precisamente, “suelen hacer bandera de la participación”, no tomen parte en un debate con agentes sociales y representantes institucionales que promueve el Gobierno Vasco para profundizar en el análisis del borrador del Pacto Social por la Inmigración. “Espero que la participación no sea válida solo cuando la promueve uno, sino también cuando la promovemos entre todos”, apostilló.

A la jornada sí asistieron, sin embargo, técnicos relacionados con inmigración y derechos humanos de ayuntamientos gobernados por Bildu, como el de Donostia.

Zabaleta indicó al respecto que, en materia de inmigración, el Gobierno Vasco mantiene con los ayuntamientos de Bildu “una relación estrecha” y que “cuando hay algún problema” de convivencia intercultural en uno de esos municipios “son, lógicamente, atendidos, como no puede ser de otra manera”.

La consejera recordó que este acuerdo busca sentar las bases de “la convivencia entre vascos”, que incluye a los venidos de fuera, y alcanzar “un compromiso de mínimos” entre todos para lograr “una Euskadi más cohesionada en la que nadie se sienta extraño”. “Ante el reto de la convivencia entre diferentes”, este pacto social, agregó, “ambiciona una sociedad plural e inclusiva donde las libertades, los derechos y las obligaciones fundamentales de todas las personas pivoten sobre la condición de la residencia y no sobre la distinta condición de nacionales y extranjeros”.