La Diputación de Gipuzkoa afeó ayer la invitación del Gobierno Vasco a participar en unas jornadas sobre el pacto social de inmigración que promueve el departamento de Gemma Zabaleta. El Gobierno de Martin Garitano cree que dicha iniciativa nace «viciada» porque «obvia de manera consciente» la «negación» del derecho a decidir de las instituciones vascas especialmente sobre este asunto, cuya legislación está en manos de los gobiernos español y francés.
En un comunicado de la dirección foral de Migración y Diversidad, la Diputación guipuzcoana «comparte» la necesidad de abrir un debate sobre la «diversidad de orígenes y la convivencia en Euskal Herria, en el que participemos todos los agentes», pero asegura que en este caso, el pacto social que promueve el Ejecutivo de Patxi López «no posee la efectividad suficiente para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en la CAV».
Según el Gobierno liderado por Bildu, de la propuesta de Zabaleta que hoy mantendrá un encuentro en el Palacio de Aiete de Donostia en el marco del proceso de diálogo abierto puede «desprenderse» que el Gobierno socialista «sitúa exclusivamente sobre la sociedad vasca la responsabilidad de la existencia de actitudes xenófobas y racistas», y no en las instituciones, cuando a su entender son las leyes española y francesa «el ejemplo más claro» de dichas actitudes.
El acuerdo que impulsa la consejería de Empleo y Asuntos Sociales busca, según explicó en un inicio la consejera, construir «una sociedad plural e inclusiva» en la que los derechos y obligaciones de cada ciudadano «pivoten sobre la condición de residencia y no sobre la distinta condición de nacionales o extranjeros».
El debate generado está basado en un texto, presentado hace dos meses, que marca como premisa el hecho de que «la Euskadi de mañana va a ser una sociedad más diversa de lo que ya es en la actualidad». Y que defiende, por tanto, que «las personas inmigrantes no son el ‘otro entre nosotros’» sino que «son ya, de hecho, parte del ‘nosotros’ vasco». Este documento, elaborado por un comité de expertos encabezado por Imanol Zubero y Daniel Innerarity, no ofrece medidas concretas sino pautas de para favorecer la integración y la educación.