La Guardia Civil ha detenido a dos varones de nacionalidad pakistaní como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Así lo informaron ayer fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado, en el cual explicaron que la actuación se produjo a raíz de una denuncia previa en la que se informaba a los agentes que, en una explotación agrícola del término municipal de la citada localidad, se encontraban trabajando personas sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Así pues, y tras desplazarse a la mencionada explotación agrícola, los agentes pudieron comprobar cómo, efectivamente, allí se encontraban «al menos ocho personas» realizando labores de recogida de naranja, algunas de las cuales huyeron al constatar la presencia de la Benemérita.

Otras, sin embargo, señalaba el comunicado, «permanecieron en el lugar y, pese a que se encontraban en evidente estado de nerviosismo, informaron de que allí se hallaba también el supuesto encargado del traslado y regulación de los trabajadores, mientras que su socio era el que había inducido el delito al dar de baja a varios de sus empleados de la Seguridad Social».

Por estos hechos se procedió a la detención de ambos: R.M., de 37 años de edad y M.J., de 30, ambos de nacionalidad pakistaní y vecinos de Valencia.

Al respecto, cabe destacar que, a pesar de que en los últimos tiempos se han intensificado los controles para evitar prácticas de este tipo en las explotaciones agrarias de la provincia, lo cierto es que a tenor de la crisis son muchos los que aprovechan para abusar de esas personas – sobre todo de nacionalidad extranjera – que pasan apuros económicos y que se aferran a cualquier empleo, aunque este no sea lo lícito que debería.

De hecho, de un tiempo a esta parte han salido a la luz numerosas tramas de explotación laboral. Sin ir más lejos, hace menos de un año efectivos de la Guardia Civil, conjuntamente con los Servicios de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Castellón, arrestaron en Benicarló a tres empresarios del sector agrario, a quienes se les imputaba un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

La operación, llevada a cabo en varias explotaciones agrícolas del norte de la provincia, se saldó con la identificación de hasta 53 personas, lo que dio lugar a la apertura de 14 expedientes sancionadores por diversas infracciones en materia de seguridad social, movimientos migratorios y permisos de trabajo en materia de extranjería.