La Diputación de Gipuzkoa no acudirá hoy a la reunión interinstitucional convocada por el Gobierno vasco en San Sebastián para profundizar en el proceso participativo sobre el borrador del pacto social por la inmigración abierto en Euskadi. La Administración foral dirigida por Bildu ha justificado su ausencia en el hecho de que el plan de inmigración, ciudadanía y convivencia y el pacto social promovidos por Lakua «nacen viciados desde un principio, al obviar de manera consciente la principal dificultad a la que tiene que hacer frente», como es «la negación» al pueblo vasco «de su derecho para tomar sus propias decisiones también en este campo».

La institución comandada por Martín Garitano asegura compartir «la necesidad de poner en marcha un debate sobre la diversidad de orígenes y la convivencia en Euskal Herria», en el que participen «todos los agentes políticos y sociales, así como el conjunto de la ciudadanía». Eso sí, debe tratarse de un debate «sin exclusiones», en el que, según la Diputación, se pueda «alcanzar un acuerdo como pueblo» que «permita gestionar esa diversidad de un modo positivo».

Responsables del racismo

Por este motivo, la institución foral considera que, «como paso previo a la consecución y presentación» de un pacto, es preciso «alcanzar un acuerdo con base en un debate sin exclusiones», ya que «el pacto propuesto por el Gobierno vasco no reúne dichas condiciones y solamente ha obtenido el apoyo de sus autores».

La nota emitida ayer por la Diputación lamenta que «en la actualidad, la competencia en materias de legislación sobre residencia, extranjería y nacionalidad en todos los territorios de Euskal Herria se la atribuyen de manera única y exclusiva los estados francés y español». Son ellos «los que deciden quiénes somos ciudadanos de este pueblo y quiénes no, y en qué condiciones». Ante este panorama, las autoridades forales creen que «este pacto no posee, en los términos en los que está planteado, la efectividad suficiente para garantizar los derechos fundamentales» de los residentes en Euskadi.

La institución foral manifiesta su «preocupación» por «el planteamiento básico en el que se sustenta el pacto propuesto» por Lakua, pues de él «se puede desprender» que el Ejecutivo autonómico «sitúa exclusivamente sobre la sociedad vasca la responsabilidad de la existencia de actitudes xenófobas».