Tras hacer carrera política arremetiendo contra el islam, ahora son los ciudadanos de Europa del Este residentes en Holanda los que están en su punto de mira: los acusa de “causar molestias, ensuciar y crear tensiones en el mercado laboral y la vivienda” y ha pedido a los holandeses que los denuncien.

“¿Ha perdido su trabajo por un polaco, un búlgaro, un rumano u otro procedente de Europa Central o del Este? Queremos que nos lo cuente”, propone una página web creada por el partido de Wilders (PVV, Partido por la Libertad), tercera fuerza política del país desde las elecciones del año pasado y socio en la sombra de la coalición de gobierno.

La iniciativa ha enfurecido a los aludidos (se calcula que hay entre 200.000 y 300.000 europeos del Este en Holanda, sobre todo polacos) y a los gobiernos de sus países de origen, que ingresaron en la UE en el 2004 y el 2007. Sus embajadores en La Haya remitieron ayer una dura carta conjunta al Parlamento pidiendo a “la sociedad holandesa y sus líderes políticos” que condenen y se distancien de la “discriminatoria y degradante” campaña.
Con su iniciativa, “se refuerza la percepción negativa de un grupo particular de ciudadanos de la UE que trabajan en Holanda”, lamentan los diplomáticos. “En nuestras sociedades se tiene a Holanda por un ejemplo de libertad y de tolerancia. Esperamos que el país esté a la altura de su reputación”, concluye la carta, firmada por los embajadores de Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa.

La inhabitual reacción diplomática ha aumentado la presión sobre el primer ministro, el liberal, Mark Rutte, para que adopte una postura más clara al respecto. Hasta ahora, Rutte, artífice del pacto por el que Wilders da estabilidad parlamentaria a su coalición sin formar parte del Gobierno, se ha negado a censurar la iniciativa. “Cuando Wilders se pase de la raya, entonces diré algo”, replicó el lunes, alegando que no puede “reaccionar a cada iniciativa política del PVV”.

El distanciamiento de Rutte, sin embargo, alimenta las dudas sobre su posición, ya que en el pasado sí ha intervenido para criticar otras salidas de tono de su incómodo socio de gobierno. Por ejemplo, cuando llamó “mono islámico” al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, o cuando propuso crear un impuesto especial de mil euros anuales para las mujeres que llevan velo.

Cada vez más voces, dentro y fuera de Holanda, reclaman al Gobierno una reacción más contundente. El partido conservador CDA, socio de coalición, está presionando a Rutte para que ponga fin a su ambigua postura, mientras desde su propio partido (VVD, liberal) le advierten que la polémica “es perjudicial para la imagen de Holanda”, como ha dicho el eurodiputado Hans van Baalen. La Comisión Europea ha criticado la iniciativa pero, admite, Holanda como país no ha violado ninguna normativa europea.

El conservador Maxime Verhagen, viceprimer ministro, ha aclarado que su partido no cuestiona la libre circulación de trabajadores en la UE y ha reconocido la contribución de los europeos del Este a la economía holandesa. Pero matiza: “No podemos cerrar los ojos a los problemas: competencia desleal, falsas agencias de trabajo temporal, explotación, molestias…”.

El fondo de la polémica no es nuevo. Un ministro propuso el año pasado repatriar a todos los polacos que están en el paro, mientras otro comparaba la emigración procedente del este con un tsunami. Las relaciones bilaterales están bajo mínimos. Holanda frustró el año pasado el objetivo de Polonia de autorizar el ingreso de Bulgaria y Rumanía en la zona Schengen. El embajador de Polonia en La Haya ha denunciado en varias ocasiones la actitud de los políticos y los holandeses en general con los polacos: “Raya la discriminación”, afirma.

La web de Wilders no pretende resolver quejas concretas sino llamar la atención sobre los “problemas”, para luego pedir medidas al Parlamento. Wilders asegura que ha recibido más de 30.000 denuncias en una semana.