Bilbao. Norma Andrade ha sido la última activista en anunciar su intención de abandonar México, tras sufrir un segundo ataque en la capital azteca. La fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización que busca justicia para los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, se había instalado en DF tras recibir, hace dos meses, cinco disparos en la ciudad fronteriza. La semana pasada, un hombre la atacó con un cuchillo en una calle de la capital y le produjo una herida de cinco centímetros en el rostro. “Las autoridades no han atendido la necesidad de protegerla”, se quejó su abogada, Karla Michel Salas. La activista ha sido amenazada de muerte por grupos del crimen organizado por denunciar la existencia de una red de trata de mujeres ligada al Cártel de Juárez. Andrade fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa después de que su hija Lilia Alejandra fuera brutalmente asesinada.

Una compañera de la activista corrobora el peligro de defender los derechos humanos en México. “Se vive en un clima de inseguridad terrible debido a las actividades que realizamos, vivir en Chihuahua (estado al que pertenece Ciudad Juárez) es un riesgo”, explica esta mujer, conocedora de primera mano del sufrimiento de cientos de madres que aún buscan a sus hijas desaparecidas y que pide preservar su anonimato. De hecho, hace más de un año que no concede entrevistas por miedo. “Últimamente, las defensoras de derechos humanos estamos viviendo un contexto mucho más difícil”. La trágica realidad es que, en los últimos dos años, cinco activistas de derechos humanos han sido asesinados por el crimen organizado y otros doce han abandonado el país, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. A finales de enero, Estados Unidos concedió el asilo a Saúl Reyes Salazar, de 46 años, integrante de una familia juarense amenazada que ha sufrido la pérdida de seis de sus miembros.

Emblemático El de la familia Reyes Salazar es un caso emblemático en México. Su drama comenzó en 2010, cuando el hijo de Josefina Reyes fue secuestrado y asesinado por militares. Entonces, la destacada activista contra el feminicidio del Valle de Juárez inició una campaña de denuncia contra la militarización y el abuso de los soldados mexicanos. Semanas después, apareció muerta. Tras siete meses le tocó el turno a su hermano Rubén y, en febrero de 2011, a otros dos hermanos, Malena y Elías, y a la mujer de este último. La familia sostiene que son crímenes perpetrados por grupos paramilitares protegidos por el Ejército mexicano contra todo aquel que se atreve a protestar por su actuación en Ciudad Juárez.

“A partir de 2008, la violencia toma niveles graves, desde marzo, cuando quien se dice presidente de México, Felipe Calderón, militariza Ciudad Juárez, y el Valle, y comienzan la persecución política, la desaparición, la tortura, los allanamientos de morada y la violación de los derechos humanos en toda su capacidad por miembros del Ejército y cárteles protegidos por estos mismos”, denuncia Saúl Reyes Salazar, ya en Estados Unidos, donde se dedica a contar su historia. Según este activista, solo en 2010, 3.950 mexicanos solicitaron asilo político en el país vecino. “Tengo mucho coraje (rabia) y dolor en mi corazón, pero no puedo sentarme a llorar o esconderme”, concluye.

“La familia Reyes Salazar vivía en una zona cercana a Ciudad Juárez, en el Valle de Juárez, que está totalmente controlado por las mafias, donde la única autoridad que existe son los militares, y lo militares tampoco son de fiar. Las amenazas vienen de esas mafias por sus actividades de denuncia”, explica la defensora de derechos humanos que pide su anonimato. Ella lleva escolta, ha recibido también amenazas de muerte directamente de los criminales por denunciar los feminicidios. “Muchos usan a servidores públicos para hacerte llegar las amenazas, te dicen: Dice el líder de tal que le baje (que deje de denunciar); además, he recibido llamadas telefónicas que me dicen que voy a morir. Incluso, te proponen negociar, te dicen: No se meta por este lado y le aparecemos el cuerpo que busca”. La tragedia de estos activistas es vivir en zonas dominadas por las mafias con unas autoridades inoperantes y, a veces, cómplices.