FUE Gloria Peñafiel, de 55 años, la que abrió la senda de la migración hace trece años colocando a toda la familia en una pequeña vivienda que adquirió al año de asentarse en Berriozar.

Llegó en 1999 en busca de trabajo, empezó cuidando niños, después se formó en cocina y trabajó en la hostelería. Al año siguiente vino su marido, Eduardo Castillo, con tres de los cuatro hijos dejando atrás la primera recesión económica que vivieron en Ecuador y una casa que vendieron por 60.000 dólares. La reagrupación familiar culminó con la salida del cuarto vástago, Óscar Eduardo Mera Peñafiel, que llegó a Navarra con su mujer y tres de sus cinco hijos; los dos más pequeños han nacido aquí.

Gloria y Eduardo, hoy en paro, se mudaron de vivienda hace seis años y se fueron a Barañáin. En febrero del 2006 vendieron el piso de Berriozar a su hijo Óscar, de 35 años, y a su mujer Jhanina del Carmen Villalba, de 36 años, firmando los padres como avalistas (aval por valor de 73.000 euros). Dos viviendas que hoy están a punto de perder al estar sujetas a embargos. El banco ha comunicado ambas ejecuciones hipotecarias.

Hace dos años que Óscar no trabaja. Ha agotado todas las prestaciones por desempleo y cobra la renta básica (900 euros), como muchos, con retrasos. Paga dos letras, una de 550 euros por un préstamo hipotecario y otra de 330 de un segundo crédito personal (también a 40 años), el que fue avalado por sus padres. Ambos créditos estaban destinados a la compra de la vivienda y firmaron lo que firmaron, “sin saber lo que suponía”. La operación superaba el 100% del valor de la vivienda, “al igual que las hipotecas basura de Estados Unidos”. Entre ambos préstamos sumaban 224.000 euros y, además, el crédito no se referenciaba al Euribor sino al índice IRPH, “que sube como el resto pero no ocurre lo mismo cuando baja”. No sólo eso, como el préstamo no cubría todos los gastos de escrituras y tramitación les concedieron dos tarjetas de crédito “sin fin” de 6.000 euros cada una. “Se ganaba bien en la construcción, había meses que conseguías 3.000 y hasta 4.000 euros, incluso llegamos a crear una empresa para reforma de viviendas, pero todo se complicó también porque no fuimos bien asesorados sobre el pago a la Seguridad Social de los contratados”. Dejó de pagar las cuotas en abril y en julio Banca Cívica ejecutó la hipoteca. Previamente habían “salvado” otras dos deudas por impagos por valor de 13.000 y 7.000 euros.

La nueva vivienda de Barañáin fue tasada por 258.500 euros pero la escritura fijó como precio a efectos de subasta 172.000 euros. Y, en el caso de Óscar, el piso de Berriozar fue tasado en 212.400 euros pero en subasta cae a 141.000 euros. El banco no les ha permitido liberar el aval de sus padres bajo ningún concepto (subrogación, donación, refinanciación…). Al ejecutar el préstamo personal avalado, han embargado su prestación social, lo que ha impedido pagar el préstamo hipotecario, con una escalera de cinco hijos de 13, 12, 9, 6, 3 y 2 años: “Quisimos establecernos, formar una familia. Nuestros hijos tienen aquí su vida, su colegio, sus amigos. No vinimos a hacer dinero para marcharnos sino para cambiar de vida y empezar de nuevo”. Los abuelos sí que regresan.

Piden la dación en pago, liberarse de la deuda aunque ello suponga perder los ahorros que trajo la familia de Ecuador y las cuotas pagadas durante los seis últimos años. Lo que no entienden es que ahora tengan que pagar la deuda que le reste al banco después de subastar sus viviendas y quedársela por el 60% del valor de tasación.

A Eduardo le reclaman 161.390 euros más 48.417 de costas de un préstamo que habían pedido por valor de 172.000 euros. Padre e hijo estiman que una vez subastadas ambas viviendas seguirían debiendo al banco alrededor de 300.000 euros. “Los bancos hacen un completo negocio y nosotros nos quedamos en la calle”, denuncian. Vamos, trece años de trabajo tirados por la borda. “No nos iremos de nuestras viviendas hasta que nos echen”, apostillan.