Cuando todavía colea la polémica por la expulsión el pasado mes de diciembre de una veintena de inmigrantes de los centros de acogida de menores de Álava, la Diputación ha revelado que duda de la edad de otros 16 jóvenes que han solicitado su tutela. El Gobierno foral cuestiona que tengan menos de 18 años, tal y como aseguran ellos, por lo que ha recurrido de nuevo a los forenses. En caso de que las pruebas de madurez ósea concluyan que mienten, podrían ser expulsados definitivamente. “Las normas están para cumplirlas, actuar con rigor es lo que asegura la legitimidad de los servicios sociales”, declaró ayer la diputada foral de Bienestar Social, Marta Alaña, que compareció ante las Juntas Generales de Álava.

En la actualidad hay un total de 36 menores extranjeros (menas) en situación de acogida, 29 de ellos están en el centro Bideberria y siete en la Hospedería de Estíbaliz. En principio, todos ellos han recibido una tutela provisional a la espera de lo que determinen los informes forenses. “En este territorio basta que uno afirme que es menor de edad para que ingrese en el centro”, aseguró Alaña.

Desde la llegada del PP a la institución alavesa, la prueba radiológica se ha convertido en la herramienta principal para determinar si puede continuar o no en el centro de acogida, aunque los inmigrantes presenten su pasaporte. No ocurre así en otras provincias como Gipuzkoa, Madrid, Barcelona, Cantabria o Las Palmas, donde los tribunales han determinado que el documento es suficiente para establecer su edad.

De los 33 extranjeros que han sido expulsados entre julio de 2011 y enero de 2012, seis tenían un pasaporte falso, cinco contaban con un decreto de mayoría de edad en otras provincias, dos habían solicitado asilo político (por lo tanto eran mayores de edad) y uno tenía orden de expulsión. El resto fue puesto en la calle por los resultados obtenidos en las pruebas óseas, pese a que muchos de ellos contaban con un pasaporte validado por el área científica de la Policía Nacional.

“Las pruebas no deben desvirtuar lo que pone en el pasaporte: el pasaporte tiene que estar por encima”, señaló ayer Marimar Jiménez, miembro de la Plataforma Alavesa de Apoyo a Jóvenes Extranjeros, que al igual que la diputada también compareció ayer en las Juntas Generales de Álava. El colectivo ha sido el que ha mediado para que los extranjeros que están siendo expulsados de los centros de menores no se queden en la calle y sean acogidos por los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Vitoria. En la actualidad, estos pasan la noche en el Aterpe o en el albergue municipal, pero se preguntan hasta cuándo tendrán que estar así. “Sólo si presionamos se les atiende”, explicaba Jiménez.

En este sentido, la plataforma demanda la creación de un protocolo entre la Diputación alavesa y el Consistorio gasteiztarra para que los jóvenes expulsados de los centros, que han iniciado ya un programa de inserción, no sean abandonados en la calle. En este punto coinciden con el Síndico, que insiste en que este colectivo no puede ser “abruptamente desatendido” ya que las pruebas óseas no determinan si en el momento en el que llegaron al centro también eran mayores de edad. Es por ello que el defensor vecinal reclama una salida “gradual y no traumática” para todos ellos y que se puedan beneficiar de un itinerario de post-acogida.