Salud e Inmigración trabajan para reconducir la situación en la que se encuentran cientos de inmigrantes en las islas que no pueden recibir atención médica regular porque no pueden acreditar, de forma legal, que carecen de recursos económicos para pagarla.

La directora general de Inmigración en Baleares, Antonia Estarellas, ha informado a Efe de que está pendiente de una reunión con el Servicio balear de Salud, el Ib-Salut, porque “una vez detectado esto hay que reconducir y poner una solución porque, efectivamente, hay colectivos que no van a poder obtener este certificado”.

Estarellas hace referencia al documento que el Ib-Salut exige a los inmigrantes para acreditar que no cuentan con los recursos suficientes y poder tener acceso a las prestaciones sanitarias regulares, como una cita con el médico de familia o los especialistas, aunque la atención en urgencias sí esta garantizada.

La directora ha señalado que está trabajando junto con Salud para encontrar una alternativa, aunque no está convencida de cómo llegará.

“La solución pasa o por eliminar el certificado o por mirar qué opciones podría haber en sustitución del certificado. Los que tienen que emitirlo y los de Salud tendrán que determinar qué podría valer de cada parte”, ha indicado.

Casi todos los colectivos de inmigrantes han sido afectados por esta situación, aunque el marroquí y el senegalés son de los más vulnerables, según Estarellas, que ha explicado que en muchos países ni siquiera está regulado el censo poblacional.

“Entonces cómo van a poder pedir un certificado que no saben ni dónde pedirlo, no tienen manera en su comunidad de origen para que se los hagan llegar, muchos de ellos no tienen consulados fijos por lo que tampoco tienen las facilidades de los que sí lo tienen”, ha añadido la directora de Inmigración.

Incluso los cónsules de Baleares de países cuyos ciudadanos han sido afectados con esta resolución de Salud, “han mostrado su preocupación porque les cuesta pedir la información, que llegue y, mientras tanto, que no tengan asistencia”, según Estarellas.

Para la directora de Inmigración, el Ib-Salut actuó de “de buena fe” en esta situación aunque sin medir sus consecuencias.

“El servicio de salud tiene que intentar que todos tengan los mismos derechos y deberes, pero también que nadie pueda hacer un fraude sea del origen que sea, sea español o sea de otra nacionalidad, pero creo que no se calibró en su justa medida lo que este cambio suponía”, ha precisado.

“Antes de que sea un colapso (esta situación) hay que mirar cómo reconducir el tema”, ha insistido Estarellas, que ha confirmado que la semana pasada, en la primera comisión permanente de inmigración desde su llegada al cargo, se expresó la preocupación por que haya niños y embarazadas, y extranjeros que llevan muchos años viviendo en las islas que no pueden acudir al médico de forma regular.