Ayer fue un día más para los internos y las visitas al centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. La regulación anunciada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no llenó de jubiló precisamente a la decena de personas que se acercaron al centro para visitar a amigos o familiares, algunas de ellas con mantas o gel que los internos les habían pedido por teléfono. Es más, a su llegada desconocían el compromiso del ministro de que hará el reivindicado reglamento para los CIE. Y cuando estuvieron al corriente, continuaron impasibles: «Es un paso, pero lo importante es que los cierren», insistían los visitantes. Entre las cuatro paredes, la decisión tampoco causó revuelo. «No saben lo que pasa fuera del centro a no ser que se lo digamos, pero es mejor no hacerlo. Solo piensan en salir», decían los visitantes mientras entraban o salían.

Yesenia Rodríguez, peruana de 20 años, llegó puntual al CIE para ver a su marido, César, retenido desde hace 50 días. «Pidió a los policías una cuchilla para afeitarse y recibió un puñetazo que le hinchó el labio», explicó la mujer, que lo visita cada martes. César llegó a España hace cuatro años, pero le caducó el visado. Ayer, contó su esposa, se desmayó después de que se quejara durante días de dolor de estómago. «No le medicaron hasta que cayó al suelo», añadió. En una bolsa llevaba una manta para él: «Pasa frío por las noches, solo les dan una manta», comentó.

«Fue a comprar y no volvió»

«Se fue a comprar el desayuno y no volvió. La policía me llamó al cabo de unas horas y me dijo que lo habían detenido porque no tenía los papeles en regla», relató Hamza Alami, marroquí de 30 años, sobre un amigo de 19 que vivía con él y que ahora está internado en el CIE de la Zona Franca. «Dice que le tratan mal para que no vuelva a España», señaló Hamza. Ayer lo visitó con un amigo y a la salida del centro insistió en que el joven pasa hambre, un discurso que repiten muchos familiares o amigos respecto a los otros internos. «Dice que le dan dos galletas y un café con leche por la mañana y no vuelve a comer hasta el almuerzo», comentó Hamza sobre su compatriota.

A algunos de los policías del CIE, sin embargo, no se les escapa que los retenidos pasan hambre, explicó Yesena. «Unos venden bocadillos de jamón dulce o serrano por 5,5 euros y hacen negocio. Otros, los venden por medio euro, lo justo para no perder dinero», aseguró la joven, que llevó un dulce a su marido.

Si se quedan con hambre, los familiares y amigos cuentan que tienen máquinas expendedoras con precios «muy altos» y que las botellas de litro y medio de agua valen dos euros.

Entre las visitas de ayer estaban Quim Pons y Maribel de la Fuente, miembros de entidades cristianas que luchan por el cierre de los CIE. «Venimos a ver a los extranjeros que no tienen familia cerca, pero queremos entrar en los centros para colaborar. En la cárcel los presos hacen cursos y se forman, los inmigrantes de los CIE no hacen nada», insistió Pons. «Son salas de espera de 60 días», sostuvo el voluntario, en referencia al tiempo máximo de estancia en un CIE. De la Fuente, por su parte, denunció que algunos extranjeros no conocen a sus abogados de oficio: «Los internos llegan de todo el país, pero sus letrados no vienen a Barcelona».

El goteo de visitas fue escaso pese a que duraron más de los 20 minutos estipulados. Vanesa Jaria, española de 24 años, vio por primera vez a un amigo brasileño que lleva 11 años en España y un mes en el centro. «Me dice que está bien y pone buena cara, pero sé que lo hace para no preocuparnos», dijo. Una denuncia encendió la mecha de su detención y la falta de recursos complica su situación. Un escenario parecido vive Roberto Claros, a quien los abogados ya han notificado que en breve recibirá la carta de expulsión a Bolivia. Las autoridades le avisaron por otra carta de que sus papeles no estaban en regla, pero no los recurrió. Ahora, solo puede esperar, como el resto de internos. «Piden gel o comida, pero lo que realmente piden es salir», zanjó Pons.