Este diario abrió el 13 de enero una campaña que persigue persuadir al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de la necesidad de regular los centros de internamiento de extranjeros (CIE) para acabar con el limbo legal de esas instalaciones y asegurar el respeto a los derechos humanos de los internos. Estos no se encuentran allí por haber delinquido, sino por la falta administrativa de estar en España sin papeles y para asegurar su expulsión, aunque luego no esté garantizado que los foráneos acaben fuera de España tras consumir el periodo máximo en un CIE, 60 días.

La campaña por el fin del limbo legal de los CIE y porque la policía sea relevada en interior de los centros por funcionarios sociales supone una iniciativa pionera en el sector periodístico. La recogida de firmas impulsada por el diario y vehiculada a través de la comunidad online Actuable se mantiene abierta y ayer avanzaba hacia las 8.000 rúbricas de apoyo. En la actualidad, y pese a que el reglamento de los CIE debería estar elaborado desde junio del 2010, no existe tal normativa, lo que propicia que cada centro funcione como lo decide su director, un inspector de policía. Dejar a expensas de ello el día a día de los CIE se traduce en que en algunos hay más facilidades para las visitas mientras en otros se limitan o suspenden en función de si hay o no conflictos en los centros y no de normas objetivas.

A la campaña de EL PERIÓDICO se han sumado todo tipo de entidades: SOS Racisme, CCOO, Fedelatina, Jutges per la Democràcia, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans y el Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los 14 colegios de abogados de Catalunya.

Partidos e instituciones

También partidos e instituciones han apostado por un cambio que acabe con la situación actual de los centros. ICV llevó la cuestión al Ayuntamiento de Barcelona, al que pidió que reclamase el cierre al Gobierno central y, mientras este no llegaba, mejorara la situación de los internos. El consistorio desestimó la iniciativa. La Generalitat, a través de su secretario de Immigració, Xavier Bosch, criticó la situación de los CIE y pidió al Ejecutivo central un reglamento. Y el propio Gobierno admitió que la situación de los centros debe mejorar. Lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha refrendado estos días quejas que hace años que formula sobre los centros. Hace dos semanas, tres representantes de la institución inspeccionaron el CIE de la Zona Franca y concluyeron, entre otros datos, que la videovigilancia no es lo suficientemente eficiente para dejar claro si se respetan los derechos humanos. La defensora remitió un informe a Interior. En Catalunya, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha interesado por el centro, pero desde que este fue trasladado de la Verneda a la Zona Franca, no ha podido visitarlo porque la Delegación del Gobierno en Catalunya no se lo ha permitido.

En paralelo, EL PERIÓDICO dedicó a los centros para extranjeros un debate en su espacio de la web Entre todos, ideado para tratar temas de actualidad. El debate sobre los centros empezó el 16 de enero y concluyó el 20 de enero. En él participaron lectores, políticos, representantes de entidades sociales y de oenegés. Los participantes, con sus matices, apostaron por cambiar la realidad de los centros. Todos pidieron que se regule; muchos, que se cierren.