Nuevo capítulo en la guerra contra el fraude en las ayudas sociales emprendida por el Ayuntamiento de Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO, el Departamento municipal de Asuntos Sociales ha detectado la existencia de 1.501 personas que estaban empadronadas de forma irregular y que serán dadas de baja. Estos ciudadanos habían facilitado un domicilio habitual al Consistorio, pero los técnicos han descubierto que en realidad no viven en él. Los afectados, más de tres cuartas partes de los cuales son extranjeros, podrán presentar alegaciones en los próximos días.

La masiva expulsión tiene escasos precedentes y responde a la intención del alcalde, Javier Maroto, de vigilar con lupa el padrón, por entender que es «la puerta de entrada» para las personas que quieren residir en cualquier ciudad y acceder a subvenciones tras acumular una determinada antigüedad. Nada más llegar a la Alcaldía, el primer edil popular dijo que el Ayuntamiento comprobaría que los datos del censo coincidían con la residencia efectiva del perceptor, ya que había «innumerables» casos en los que los solicitantes se inscribían, pero no volvían a la ciudad hasta que pasaban seis meses y podían cobrar ayudas.

Esta estrategia empezó a tener cifras concretas en septiembre, cuando el PP detectó 6.538 expedientes de baja sin tramitar. El trabajo de comprobación no había hecho más que comenzar, de modo que era preciso esperar a las consecuencias de esta ‘limpieza’ del censo local.

A finales del año pasado, el equipo de gobierno anunció que ya había descubierto 463 empadronamientos irregulares, a pesar de que todavía no se habían analizado ni la mitad de los 6.538 expedientes. Pero todo indica que esas cifras han aumentado de una forma notable.

La orden, firmada el pasado 10 de enero por la responsable de la unidad de padrón y publicada en el boletín oficial de la provincia el pasado día 20, hace referencia a 1.501 personas que serán dadas de baja de oficio. La razón es que el Consistorio ha revisado la declaración de inscripción padronal de estos ciudadanos y «no coincide con el domicilio de residencial habitual».

El 77% de los afectados – 1.169 – tiene nacionalidad extranjera y procede de países tan diversos como Pakistán, Marruecos, Argelia, Rumanía, Portugal o Colombia. El 23% restante de inscritos de forma irregular – 332 – son españoles.

Desajuste

Cabe destacar que no todas estas personas son, ni mucho menos, perceptores de ayudas sociales. En algunos casos – el número exacto se desconoce aún – las irregularidades detectadas por el Ayuntamiento se deben a simples desajustes en su base de datos por diversas razones. Por ejemplo, cuando un empadronado se cambia de domicilio sin comunicárselo al Consistorio, lo que provoca un ‘vacío’ de información.

Por eso mismo, la oposición ha criticado con dureza al PP en los últimos meses por dar publicidad a una campaña de control del censo considerada como «una forma de vincular inmigración, ayudas y fraude». Consciente de este problema, el alcalde siempre ha sostenido que la actualización del padrón es una herramienta para conseguir que las ayudas sociales vayan a parar «a quienes de verdad las necesitan». Maroto dijo hace un mes que «cada prestación que se concede a una persona que defrauda, se deja de pagar a otra que sí le corresponde, sea de donde sea».