La plataforma contra los recortes sociales ha denunciado que Lanbide está valiéndose de maquinaciones sibilinas para reducir su gasto en ayudas sociales. En concreto, esta agrupación de colectivos asegura que se está ralentizando de manera calculada el proceso de tramitación de nuevas solicitudes de renta de garantía de ingresos (RGI), de manera que también se retrasa el momento en el que se genera el derecho a su cobro. Por su parte, el Gobierno vasco ha negado de forma tajante que esto esté ocurriendo y, muy al contrario, fuentes de Lakua aseguran que «estamos solucionando los procedimientos lo antes posible».

Patxi Lafuente, portavoz de la plataforma y de SOS Racismo, comienza recordando que el derecho a percibir la RGI «se adquiere desde el mismo momento en el que se presenta la solicitud». Es decir, aunque la Administración tarde semanas en resolver el expediente, cuando lo hace, el perceptor recibe la cuantía que le corresponde desde el día en que pidió la ayuda.

El problema es que, asegura Lafuente, Lanbide está retrasando el momento en el que considera realizada la solicitud. Y pone un ejemplo real: una persona solicitó cita para pedir la RGI el 10 de enero y le convocaron para el 17. Cuando acudió ese día a las oficinas del Servicio Vasco de Empleo le entregaron una documentación y le volvieron a dar cita para que el 21 de febrero acudiese con los papeles requeridos. «Estamos hablando de perder casi mes y medio de prestación», clama Lafuente, porque a su juicio la solicitud debería considerarse realizada el 10 de enero.

Esta situación se produce justo cuando Lanbide comienza a asumir la gestión de la RGI, que antes se solicitaba en los ayuntamientos y era concedida por las diputaciones. El cambio tiene su razón de ser en la decisión de vincular la percepción de la ayuda a la búsqueda activa de empleo.

Caso aislado

También dicen desde la plataforma que los principales perjudicados por estas supuestas tácticas dilatorias de Lanbide son quienes menos formación tienen y aceptan los aplazamientos. Porque también ha habido casos en los que el solicitante «exigió en la primera cita el documento que certifica que ese día se había pedido la ayuda, ya que tenía derecho a él». Lo consiguió porque, «al final, la persona que se sabe la ley sí consigue que se lo reconozcan», constata Lafuente.

Desde el Gobierno vasco niegan categóricamente todo lo anterior. Fuentes autorizadas de Lanbide aseguran que cualquier persona puede realizar la solicitud en el momento en el que lo considere conveniente, si bien en su primera visita – si es que se presenta sin cita – también le dan la opción de concertar un encuentro para darle a conocer los requisitos para acceder a la prestación y la documentación que debe aportar. En cualquier caso, «no hay ninguna directriz de retrasar nada, todo lo contrario», mantienen las mismas fuentes, porque de lo que se trata es de «activar» laboralmente a los afectados lo antes posible. Así, tachan de «absurda» la sospecha manifestada por la plataforma contra los recortes sociales.

Desde el Gobierno vasco aseguran no tener constancia del caso concreto expuesto por la plataforma que, en todo caso, sería un hecho «aislado» que está abierto a investigar. Además, defienden cómo se ha agilizado la tramitación de la RGI en los últimos tiempos: se da cita en una media de dos semanas y el pago de la prestación se tramita, también de media, en mes y medio. Esto, en comparación con la situación anterior en la que, aseguran, llegaban a pasar hasta nueve meses para que el dinero le llegaba a los perceptores. «Y que a un ciudadano le paguen 3.000 euros nueve meses después cuando lo necesitaba para comer…», reflexionan desde Lakua.