Vuelve a Álava la polémica en torno a los jóvenes inmigrantes y la autenticidad de los pasaportes que presentan para demostrar que son menores de edad. El caso de una veintena llegados del África subsahariana que han sido expulsados de los centros para menores de la Diputación ha reabierto el debate, después de que una recién creada plataforma en su apoyo criticase la “emergencia” de su situación. “Les dejan en la más absoluta indigencia”, dice.

La Diputación insiste en que la fiscalía, basándose en las pruebas realizadas por el Instituto Vasco de Medicina Legal, dictamina que son mayores de edad – el método ha sido cuestionado por el Defensor del Pueblo estatal por su poca fiabilidad y sus amplios márgenes de error – . El ente foral recalca que está cumpliendo la ley, mientras partidos de la oposición y organizaciones que trabajan a pie de calle con los más desfavorecidos ven en ello un intento de “acabar con el efecto llamada” y enviar el mensaje de que los extranjeros no son bienvenidos en un territorio en el que el PP tiene la llave de la Diputación, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. Los jóvenes en cuestión llevaban poco tiempo en la provincia, según fuentes forales.

Uno de ellos explicó ayer por teléfono lo ocurrido en su caso. “Estaba en el centro Bideberri, en diciembre me dijeron ‘tienes 18 años, así que te vas’, los tutores me preguntaron si tenia a alguien con quién quedarme, les dije que no, fui a ver a las trabajadoras del Ayuntamiento y me dieron un vale para dormir en el [albergue] Aterpe”. Ahí sigue desde entonces, aunque eso no impide que no se haya perdido ni una sola de sus clases de carpintería en el centro de iniciación profesional Ignacio Ellacuria.

Varias cosas se solapan el el trasfondo del caso. La Fiscalía de Álava, que durante el anterior gobierno llevó estos casos a los tribunales dando prioridad a la edad estipulada en los pasaportes, parece haber cambiado de criterio siguiendo lo establecido por la Fiscalía General del Estado en una consulta de 2009. Esta afirma que la edad estipulada en los documentos no tiene por qué ser tenida en cuenta cuando proceda de “países cuyas administraciones que no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos” – el Ministerio Público no detalla cuáles son esos países supuestamente no fiables, tal vez porque podría causar problemas en el ámbito diplomático – .

A esto hay que añadir, según fuentes conocedoras del estado de la red de protección social en Euskadi, que Álava tiene bastantes menos recursos para acompañar a quienes cumplen los 18 años en comparación con Bizkaia y Gipuzkoa; que terminan dependiendo de los recursos del Ayuntamiento de Vitoria. En el caso de esta veintena, fueron llevados al albergue municipal como si fueran “un adulto más”, según explicaron fuentes oficiales, en vez de derivarlos a alguno de los recursos que dispone para este tipo de perfil. Además, al no tener nunca una orden foral de cese de tutela, no pueden acceder a la asistencia de un letrado de oficio para recurrir el decreto de la Fiscalía que determina que son mayores de edad.

La poca fiabilidad de las pruebas óseas es clave, aunque a menudo quienes defienden a estos jóvenes se aferran a cualquier resquicio legal en su favor porque consideran que “tras haber hecho un recorrido infernal para llegar a Europa”, se merecen “toda la ayuda posible” y que los derechos de cada uno “no tienen por qué depender del lugar donde uno tiene la suerte o la mala suerte de nacer”. Desde el ente foral insisten en que las pruebas óseas dicen que el 65% del colectivo comete “un fraude”.