Micaela Mellado trabaja actualmente en una casa cuidando de una mujer de 90 años. Lleva «toda la vida» como empleada del hogar. «De muy joven sacaba a los niños a pasear al Campo Grande», recuerda. Isabel Pérez estuvo durante los años noventa en distintas casas cuidando de personas mayores, aunque ahora lo hace en una residencia. Lourdes García también pasó esa misma década ligada al servicio doméstico. Luego comenzó a trabajar en él por temporadas combinándolo con contratos eventuales en empresas de limpieza. Estas tres mujeres son la «cabeza visible» de la Asociación de Empleadas del Hogar en Valladolid, que lleva 20 años luchando para mejorar la situación laboral de estas mujeres. Por ello ven «un gran avance» en la normativa que acaba de entra en vigor y que permitirá a estas trabajadoras integrarse en la Seguridad Social . «Es la prueba de que comienza a reconocerse como cualquier otro trabajo», comenta Lourdes, una de las fundadoras de la agrupación vallisoletana, que pese a su aparente timidez ha tenido que ayudar a muchas mujeres a hacer frente a «todo tipo de abusos».

La asociación nació en la década de los noventa con el fin de servir de canal entre trabajadoras y empleadores, pero sobre todo para ayudar a un sector que ha estado siempre muy «desinformado» de lo que antes eran unos mínimos derechos y ahora se han ampliado. En ese tiempo estas mujeres han visto como ha ido cambiando el perfil del empleador —«sobre todo con la incorporación de la mujer al trabajo», detalla Lourdes—, pero también del trabajador, en los últimos años copado por el colectivo inmigrante. Así lo recogen las últimas estadísticas, según las cuales alrededor del 60 por ciento de las mujeres ocupadas en el empleo doméstico son extranjeras, siendo Bulgaria y Rumanía sus principales países de origen, a los que se suman las procedentes de República Dominicana, Colombia, Ecuador y Bolivia y las de origen marroquí.
Cambio de tendencia

No obstante, desde que comenzó la crisis estas tres vallisoletanas han notado un cambio de tendencia. «Nos vuelven a llamar muchas mujeres españolas. Generalmente son personas de entre 30 y 40 años, que tienen hijos o cualquier otra persona a su cargo y que no han podido conseguir otro trabajo. O algunas que habían dejado el sector y ahora han tenido que regresar». Lamentablemente estos vaivenes no se habían correspondido hasta la fecha con una evolución en el plano normativo y «los miedos hasta ahora han sido los mismos: “llevo tres meses y todaía no me han pagado”, “ya verás como me echn pronto”, etc.», apunta Micaela.

«Si se hubiera considerado como cualquier otro trabajo no tendríamos un real decreto como el que había hasta ahora», añade indignada Lourdes García, incapaz de morderse la lengua ante lo que considera que eran «auténticos abusos»: «Nos podían quitar hasta un 45 por ciento sólo por hacer una comida en casa del empleador. No teníamos ningún tipo de contrato escrito y únicamente tenías derecho a que te aseguraran si trabajabas 20 horas o más a la semana, lo cual, sin contrato era muy difícil de demostrar. Era tu palabra contra la suya», detalla mientras sus compañeras asienten con la cabeza: «Nos hemos sentido infravaloradas por la sociedad».

Desde el pasado 1 de enero, con el fin de equiparar en derechos laborales a este colectivo, se ha dado un vuelco a la normativa. Así, entre sus principales novedades a la hora de formalizar sus relaciones laborales está el derecho a un contrato por escrito. Además, percibirán como mínimo en metálico el salario mínimo interprofesional (641,40 euros al mes por 14 pagas al año) a jornada completa. También los empleadores tendrán beneficios, ya que hasta 2014 se reducirá un 20 por ciento sus cotizaciones si contratan personas para el hogar en este sistema especial y la desgravación puede ser hasta el 45 por ciento en el caso de familias numerosas.
Categorías laborales

No obstante estas mujeres se muestran aún críticas con el texto. «Es una norma que viene impuesta por la Unión Europea, que ha obligado a España a que termine con el empleo sumergido y así poder llenar algo más las arcas de la Seguridad Social», se queja Micaela Mellado. Entre sus principales vacíos citan el derecho a una prestación por desempleo: «Es inaceptable que ni siquiera se haya tratado». Tampoco entienden por qu las inmigrantes no podrán cobrar su pensión si regresan a su país de origen. Asimismo, otra de las quejas que tiene el colectivo es que no se haya tratado el tema de las categorías laborales. «Desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia muchas empleadas del hogar estamos haciendo unos trabajos distintos de los que se nos encomendó cobrando exactamente lo mismo», denuncia Micaela, para quien «si atiendes a un señor mayor —como es su caso— realizas un trabajo de geriatría, o si tienes que ayudar a los hijos a hacer los deberes o entretenerles en un parque desarrollas una labor educativa». «En Francia, Italia y Suiza una cosa es la trabajadora del hogar que se dedica a limpiar y planchar y otra la que cuida de un mayor. En España, en cambio, no existe ningún baremo para calificar estas actividades», añade.

Y es que con el tiempo también han cambiado sus tareas. «Ahora es cierto que se nos requiere más para el cuidado de los mayores. Además, en una comunidad como Castilla y León, muy envejecida, se nota más que en el resto». Una labor que, sin duda, para Micaela —y a pesar de sus quejas— «es mucho más gratificante. El trabajo con ancianos me reconforta en cuanto que puedo aliviar su dolor. Siempre que estoy con ellos intento darles mucho cariño». «Es una pena que el trabajo de los cuidados esté siempre menos valorado. Siempre ha sido una de nuestras reivindicaciones como agrupación, que se pongan los cuidados en el centro de la vida», apunta en este sentido Isabel Pérez.

Dicen que todavía es «muy pronto» para saber cómo va a repercutir el cambio de normativa en el sector. «Habrá que ver cómo se va desarrollando . Cuando entró en vigor el anterior decreto en el año 1985 lo que ocurrió fue lo contrario». No obstante, consideran que «la norma está todavía muy verde. Hemos ido a la Seguridad Social y todavía no saben cómo va a funcionar el sistema. No nos parecemos aún a ningún estamento de trabajo». Además, añade Isabel Pérez, cuenta con otro escollo: la inspección de trabajo, «en un domicilio particular sin una orden judicial no se puede entrar. No es una empresa», concreta.

Ellas pondrán su granito de arena para dar a conocer poco a poco la normativa. Editarán un boletín para repartir por las calles, «principalmente en mercados y en aquellos lugares que sabemos que frecuentan estas trabajadoras», y el día 24 de enero ofrecerán una charla informativa.