pamplona. La Plataforma por la Defensa del Derecho a la Renta Básica, que aglutina a varios colectivos sociales, han emprendido una campaña con el objetivo de que el Gobierno de Navarra paralice la tramitación de la Ley de Inclusión Social, cuya aprobación está prevista para el día 17 de enero en el Parlamento. La plataforma, que invita a la ciudadanía a colgar banderolas en los balcones con la leyenda “Renta Básica Denontzat” , que se pueden adquirir en Zabaldi, La Hormiga Atómica y Auzenea, denuncia que la nueva ley “excluye a las personas migrantes sin papeles, endurece los requisitos de acceso y reduce la cuantía, además de no dar solución a los retrasos de varios meses”. Tras criticar a UPN y PSN de haber aplicado el rodillo y haber menospreciado el rechazo social, pide que “se siga viendo en la calle que queremos una Renta Básica digna para todas las personas”. Para firmar aportan una dirección en la web: http://actuable.es/peticiones/defiende – renta – basica. Y para más información están en http://defiendelarentabasica.wordpress.com.

modelo “insostenible” Por otro lado, La consejera de Política Social, Elena Torres, defendió ayer el proyecto de ley de renta de inclusión social, ya que era necesario replantear un modelo que era “insostenible”, aunque subrayó que el objetivo no es “dejar a nadie desatendido”, sino atender “adecuadamente” a los usuarios. Torres respondió de esta forma a los representantes de Cáritas, Axola, Denontzat, Coordinadora de Inmigrantes, SOS Racismo, Hormiga Atómica y Red de Lucha contra la Pobreza, que advirtieron el pasado jueves en el Parlamento de Navarra de que, si se aprueba la nueva ley, se dejará sin recursos a miles de personas, inmigrantes y autóctonos. Al ser preguntada sobre esta cuestión en conferencia de prensa, la consejera declaró que no desea entrar en polémicas, pero destacó que el Gobierno de Navarra “tiene que actuar con responsabilidad” ante una situación que ya era “insostenible”. En ese sentido, afirmó que la actual ley de renta básica “no estaba respondiendo”, porque tenía “una puerta de entrada amplísima” pero no había “puerta de salida” del sistema.

La consejera comentó que ha “movilizado” recursos económicos y personales, entre ellos la dedicación de cinco personas más a gestionar solicitudes de renta básica para “desatascar el tapón” que existía, pero esas medidas no han sido suficientes y se ha hecho necesario “replantear el modelo”, pero no para “dejar a nadie fuera”, sino para tener un sistema “justo”. “Lo que no podemos hacer con la renta básica es dar una prestación económica y acabar ahí, y que sea permanente para toda la vida. Eso no funciona, eso es insostenible”, subrayó. El objetivo de la nueva ley es atender a las personas en exclusión social o que están en riesgo de padecerla, por ejemplo por haber agotado las prestaciones por desempleo, y que necesitan ayuda para su incorporación sociolaboral y que no queden “fuera del sistema”. Torres señaló no obstante que seguirá habiendo excepciones para renovar más allá de los 24 meses y ayudas de emergencia para los casos más graves, como las ha habido hasta ahora, porque “no queremos dejar a nadie desatendido; lo que queremos es atenderlos adecuadamente”.