La brutal pelea protagonizada el pasado miércoles por varios ciudadanos rumanos de etnia gitana en Nules ha sido la gota que ha colmado el vaso. El Ayuntamiento de la localidad, alertado por las continuas quejas vecinales, no está dispuesto a permitir nuevos escándalos, y ha decidido tomar cartas en el asunto.

En concreto, el alcalde de la localidad, el popular Mario García, vincula esta problemática a la proliferación de ‘pisos patera’, «sobre todo ahora – dice – que estamos en medio de la campaña citrícola».

De momento, el Consistorio ha convocado una junta se seguridad que tendrá lugar a las 10.00 horas del próximo lunes. A ella está previsto que asista el nuevo subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles; el delegado del Consell en Castellón, Joaquín Borrás; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Nules, José Manuel Casaus; el concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Alejandro Borrás y diversos representantes de la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil.

El objetivo: buscar soluciones a una problemática que, tal y como reconocía ayer el propio García, «se nos ha ido de las manos». «Estamos desbordados», admitía el primer edil, quien pese a todo trataba de transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía «porque se está haciendo y se hará todo lo posible para solventar esta situación».

Además, tanto García como el concejal de Policía de Nules hacían especial hincapié en que aunque si bien es cierto que muchos vecinos habían denunciado con anterioridad comportamientos incívicos por parte de inmigrantes, «hasta el momento nunca se habían producido incidentes violentos». Y mucho menos, advertían, «de la intensidad del del pasado miércoles».

Y es que cabe recordar que la mencionada reyerta, acaecida a plena luz del día y a tan sólo unos metros del colegio público Lope de Vega, se saldó con numerosos daños materiales y tres detenidos, los cuales iban armados con hachas de hasta 35 centímetros y palos.

La rápida intervención policial, apuntaba al respecto Joaquín Borrás, «impidió que los hechos fueran a más». De hecho, recordó el edil, «de un tiempo a esta parte se ha ido reforzando la presencia de agentes en los puntos más conflictivos de la localidad para evitar sucesos de este tipo».

Aún así, lo cierto es que el episodio del pasado miércoles ha demostrado que estas medidas son insuficientes, y ha obligado al Consistorio a convocar de manera urgente una junta de seguridad en la que se tratará de concretar una serie de acciones que permitan atajar esta problemática.

En concreto, una de las cuestiones que se planteará en la reunión del próximo lunes será la necesidad de poner control a la proliferación de viviendas en las que se hacinan inmigrantes, especialmente gitanos rumanos. Una situación, explicaba el alcalde, «ante la que el Ayuntamiento tiene poco margen de actuación pero que preocupa, y no poco, a las autoridades municipales y a la policía».

En cualquier caso, tanto García como Alejandro Borrás destacaban que «existen muchos colectivos de inmigrantes en el municipio que aceptan las normas de convivencia y se integran sin problemas», pero también hay «quien no acepta estas normas, provoca problemas, pero quiere acogerse a las ayudas sociales que ofrece el Consistorio». «Este tipo de cuestiones tienen que regularse para que sean más justas, de manera que las personas que sí cumplen las leyes y conviven pacíficamente, no se sientan desamparadas frente a quienes no sólo no se integran, sino que no tienen intención de hacerlo», añadieron.