Los derechos de las personas que se encuentran ingresadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) deberían equipararse, “como mínimo, a los de las personas sometidas a régimen penitenciario”. Lo dice el Col·legi d’Advocats de Barcelona y lo hace porque, a su entender, incluso en las cárceles hay en estos momentos más garantías que en algunos centros donde son internados los simpapeles a la espera de que se resuelvan sus expedientes de expulsión de España.

La recomendación la recoge un informe sobre derechos y libertades en los CIE que el colegio profesional envió el pasado 2 de noviembre al Ministerio del Interior y para el que aún no ha habido respuesta gubernamental.

“Hablamos de como mínimo porque, al no existir aún un reglamento para los centros de internamiento, las personas que están allí no tienen siquiera los derechos que sí tienen los presos”, precisa Sergi Santacana, abogado especializado en extranjería y coautor del documento.