Los sectores más conservadores de la sociedad israelí están de enhorabuena. A altas horas de la noche del martes, el Parlamento aprobaba por 67 votos a favor frente a 8 en contra una ley por la que cualquier inmigrante irregular, que no pueda ser deportado, puede permanecer encarcelado hasta tres años. Además, la nueva legislación contempla penas de hasta 15 años de cárcel para quienes ayuden o den trabajo a los refugiados que hayan cometido actos delictivos, en su mayoría procedentes de países como Eritrea, Sudán o Costa de Marfil. “Lo que hace esta ley es tratar a los refugiados como criminales”, dice Orit Marom, de la Organización para la Ayuda de los Refugiados en Búsqueda de Asilo, con sede en Tel Aviv.

Hasta ahora, los inmigrantes que lograban cruzar la frontera con Egipto, normalmente en plena noche y siempre que no fueran interceptados primero por las autoridades egipcias, eran detenidos por soldados israelíes y conducidos hasta el centro de detención Saharonim, en el desierto del Negev. Allí permanecían semanas a la espera de una respuesta de las autoridades israelíes a su solicitud de refugio. Si era denegada, lo que ocurría en el 99% de los casos (en 2010 el Gobierno solo concedió el refugio a dos personas de cada 3.000 que lo solicitaron), volvían a pedirlo una y otra vez, lo que podía alargar el proceso durante años. “Con esta ley, el Gobierno les quita esa posibilidad porque ya no atenderá ninguna solicitud”, añade Marom.

Tampoco puede deportarles – lo que sí hace con nigerianos o ghaneses argumentando que sus países no están en guerra – porque contravendría lo estipulado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que Israel es firmante.

El Gobierno de Netanyahu espera con esta ley frenar la infiltración ilegal procedente del África Subsahariana, considerada por el primer ministro como un “riesgo para el Estado judío”, y evitar la llegada de las 70.000 personas que espera recibir en el plazo de dos años, según estimaciones del ministro del Interior, Eli Yishai, del partido ultraortodoxo Shas. “Netanyahu no entiende que no va a frenar nada. Cuando eres un refugiado solo corres y no miras dónde”, comenta Orit Marom. Esta activista pone de ejemplo el fracaso de los seis centros de detención abiertos en Australia entre 1999 y 2001, por el entonces Gobierno conservador de John Howard, para contener la llegada de iraquíes o afganos que huían del conflicto en sus respectivos países. “Cuando llegaron al Gobierno, los laboristas terminaron cerrando la mayoría al comprobar que el flujo de inmigrantes no cesaba”, asegura Sarah Wilbourne desde la oficina en Tel Aviv de Amnistía Internacional. “Entre ser detenido y salir del horror en el que viven, la mayoría escoge lo primero”, añade. Mientras tanto, Israel acelera al máximo los trabajos de construcción del muro – verja fronterizo con Egipto que espera terminar antes de un año.

En Tel Aviv viven legalmente la mayor parte de los 50.000 inmigrantes o “infiltrados”, como los llama el Ejecutivo, que han llegado a Israel. La mayoría lo ha hecho en un autobús fletado desde el centro de detención del Negev. “Les montan en la frontera y aquí les abandonan a su suerte, sin visado de trabajo, sin derechos”, asegura Orit Manom. Una demanda interpuesta por esta organización en la Corte Suprema israelí hace unos años consiguió que el Gobierno legalizara a estos expatriados, pero sin concederles visado de trabajo, lo que les dejaba en un limbo institucional al no otorgarles ningún estatus y, por tanto, sin acceso a la sanidad o a la educación. De momento, muchos pasan las horas en las calles o en parques como el de Levinsky, en Tel Aviv, donde cientos de personas esperan una solución que hoy parece algo más lejana.