El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que revela “deficiencias” y “debilidades” así como falta de control interno y “discrecionalidad” en la concesión de subvenciones a ONG para la atención de inmigrantes y refugiados por parte de la extinta Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, en concreto, de su Dirección General de Integración de Inmigrantes (DGII).

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza partidas por importe superior a 60,5 millones de euros concedidas en 2007 a un puñado de ONG -CEAR, Cruz Roja Española, Vomade, La Calle, Rumiñahui, ACCEM y ATIME, entre otras- con cargo el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado aquel año, y concluye que los procedimientos “adolecieron de diversas debilidades de control interno”, en muchos casos, por “falta de personal”.

Según el texto, estas carencias “impidieron garantizar la adecuación de la gestión de estas subvenciones a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.