Cáritas ha remitido un informe al Gobierno vasco en el que le recuerda que más de 3.400 personas amenazadas de exclusión en la comunidad autónoma, a las que la ONG de la Iglesia ofrece alguna ayuda, no podrán cobrar la renta de garantía de ingresos (RGI) durante 2012, como mínimo. El motivo es el paulatino endurecimiento de los requisitos para acceder al subsidio, el más reciente de los cuales es que ya no basta estar empadronado un año en Euskadi para cobrar la prestación. La reciente reforma de la Ley de Garantía de Ingresos exigen tres, a menos que se hayan cotizado cinco ejercicios a la Seguridad Social. Con anterioridad se había establecido que en una vivienda no pueden residir más de dos perceptores.

Según Cáritas, esos criterios para cobrar la RGI afectan a 2.750 personas que están siendo atendidas por esa organización en Bizkaia, a otras 600 en Gipuzkoa y a 80 en Álava. Ese colectivo está formado por inmigrantes y por nacionales; por familias con hijos y gente ‘sin techo’; por desempleados y por personas con contratos precarios que pueden ir al paro en cualquier momento. Todos aspiraban tramitar el subsidio, en algunos casos junto a la prestación complementaria de alquiler (PCV). «Pero con las reformas se han quedado sin nada salvo lo que ofrecemos nosotros», explica Mikel Ruiz, presidente de Cáritas Euskadi.

El problema se ha agravado porque no sólo el Gobierno vasco ha puesto más difícil el acceso a los subsidios, a fin de contener el aumento de beneficiarios, que en el caso de la RGI suman unos 58.000 en el País Vasco (unos 20.000 de ellos personas mayores). También la Diputación de Bizkaia ha hecho más difícil el acceso a unas ayudas forales que concedía desde hace años y que estaban dirigidas, precisamente, a los ciudadanos que quedaban excluidos de la RGI; normalmente, porque no tenían la edad mínima – 23 años, con algunas excepciones – , o porque no cumplían los requisitos del padrón.

El Gobierno foral introdujo condiciones más estrictas en un decreto aprobado en el pasado 13 diciembre, el mismo día en que se reformó la renta de garantía de ingresos. Si antes exigía seis meses de empadronamiento en Bizkaia para cobrar la ayuda foral, ahora reclama dos años y medio, que también es la duración máxima de la prestación. El resultado es que el número de perceptores de la misma caerá de 560 a 390. El argumento de la Diputación vizcaína es que, si la Administración autónoma ‘ha cerrado la mano’ de la renta de garantía y la PCV, que son de su competencia, los perjudicados acudirán a la ventanilla foral, cuyo dinero servía de puente hasta cobrar la RGI.

Voz de alarma

Cáritas no oculta su preocupación por esos cambios legales, que dejarán sin cobertura pública a miles de personas sin recursos en Euskadi. Recuerda que los afectados no han dejado de estar amenazados de exclusión, sino que, de un mes para otro, ya no reúnen los requisitos planteados por las instituciones, que están aplicado fuertes recortes presupuestarios. «En Cáritas atendemos a 3.400 personas, pero ¿no es función de las administraciones públicas?», declara Mikel Ruiz.

Las ONG que se ocupan de la exclusión social en Euskadi han dado la voz de alarma. Ese llamamiento se produce cuando acaba de iniciarse la reorganización de los servicios sociales entre las instituciones de la comunidad, un proceso sembrado de dificultades que es utilizado periódicamente como arma arrojadiza por el Gobierno de Patxi López y las diputaciones, habitualmente la de Bizkaia. Bajo esos enfrentamientos late siempre el debate sobre las competencias autonómicas y forales, y más recientemente los trastornos burocráticos que ha planteado la nueva función otorgada a la RGI y la PCV.

Ambas prestaciones, tramitadas hasta ahora por ayuntamientos y diputaciones, han pasado a ser gestionadas este año por el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), un órgano autonómico que se propone vincularlas con la formación laboral. Las dos son derechos subjetivos, de modo que quien cumple la normativa tiene que cobrarlas. Así se explica que el Gobierno vasco, que las financia, se haya vuelto exigente para que no se dispare el presupuesto (los subsidios le cuestan al año más de 300 millones de euros).

Por el contrario, las ayudas forales a la inclusión son discrecionales. Amparándose en ello, y justo cuando ha entrado Lanbide en escena, la Diputación de Bizkaia ha recortado esa partida de forma drástica, pasando de 2,5 millones de euros en 2011 a 737.000 en 2012.

De momento, Cáritas se ha reunido con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, del que depende Lanbide, para buscar alternativas a las personas que queden excluidas de la RGI. «Hemos encontrado receptividad», asegura Mikel Ruiz.