Primero fue el Gobierno vasco, que elevó a tres años el requisito de empadronamiento para recibir la principal ayuda social, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y ahora es la Diputación foral de Bizkaia la que hace lo propio con su ayuda especial para la inclusión social, la alternativa a la RGI para que las personas que no cumplan aún los requisitos de la renta de garantía no se queden sin ingresos. Según un decreto aprobado el pasado 21 de diciembre, el ente foral ha elevado a dos años y medio el empadronamiento necesario para recibir esta ayuda – hasta ahora ha sido de seis meses – , lo que dificulta de nuevo la situación a los inmigrantes sin recursos.

Es la propia diputación en el decreto la que apunta a que el motivo para este brusco cambio es la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. El cambio legal fue aprobado por el Parlamento a finales de noviembre y desde el 13 de diciembre exige a una persona que quiera solicitar la ayuda social tres años de empadronamiento – o un año y otros tres cotizando en cualquier lugar de España, el supuesto menos habitual, ya que más del 60% de los inmigrantes que llegan a Euskadi lo hacen directamente desde su país de origen – . La reforma legal “incide directamente en las ayudas especiales para la inclusión social, en cuanto que con la regulación actual el acceso a las mismas se vería incrementado en un número tal que económicamente para la diputación foral sería inviable”, recoge el decreto publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia.

El texto, elaborado por el Departamento de Acción Social que dirige Pilar Ardanza, reconoce que las circunstancias actuales “justifican el mantenimiento de las ayudas” porque sigue habiendo familias con necesidades. Sin embargo, reitera que se ha visto obligado a realizar las modificaciones para garantizar “el sostenimiento económico de la ayuda”.

Este subsidio supone el 50% de la RGI – 329 euros al mes para una unidad convivencial de una persona – y no es un derecho subjetivo perfecto como sí lo es la renta de garantía. Dicho de otra manera, cuando se termina la consignación presupuestaria, se dejan de conceder las ayudas: “no bastará con que la persona solicitante reúna las condiciones y requisitos exigidos, sino que se precisará además, que su solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta las respectivas dotaciones presupuestarias”, recuerda el decreto. Al endurecimiento de los requisitos se suma que en 2012, el presupuesto será de 737.000 euros, frente a los 2.519.000 euros de 2011. El recorte presupuestario es del 71%.

La ayuda especial para la inclusión social tiene como principal tarea ejercer de alternativa a la RGI para quienes todavía no pueden solicitarla – no se pueden recibir las dos a la vez – por no cumplir los requisitos, principalmente de empadronamiento. El movimiento de Bizkaia, el territorio que agrupa de largo al mayor número de perceptores de ayudas (67%), tiene lugar precisamente cuando más personas podrían acudir a solicitar esta alternativa, ya que el tiempo de espera para recibir la RGI es ahora superior. Los principales afectados volverán a ser los inmigrantes .

La ayuda se puede recibir durante un año prorrogable y el nuevo decreto añade un máximo de dos años y medio de cobro. Este tiene carácter retroactivo, por lo que quienes lleven tiempo cobrándola se les tendrá en cuenta. Además, se exige que una unidad convivencial lleve formada un año antes de solicitar la ayuda, frente a los seis meses que se requerían hasta ahora.

La modificación mantiene la exigencia de que un perceptor acepte un empleo adecuado y añade un punto novedoso que se asemeja a otro recogido en la reforma aprobada en el Parlamento en noviembre para perceptores de la RGI: quienes reciban la ayuda especial para la inclusión tendrán que participar en “actividades socialmente útiles”. La ley las recoge como actividades voluntarias para emergencias.