Los autores del estudio reconocen que «cualquier respuesta hacia la eliminación de obstáculos en el acceso de la población inmigrante a las ayudas sociales supone nadar contra corriente en el estado de opinión generalizado, que considera excesiva la protección del sistema de servicios sociales» a los extranjeros.
Admiten también que «el aumento del paro entre la población inmigrante, las condiciones de precariedad en que realizan muchos trabajos, la persistencia de una amplia franja de personas extranjeras sin autorización de residencia y los déficits de acogida están dando lugar a un serio problema de integración social».
El discurso de ‘primero los de casa’ puede desembocar en el futuro en situaciones extremas como los disturbios raciales que periódicamente se viven en lugares como París y Londres. Para evitar este riesgo, el estudio plantea llevar a cabo «una labor pedagógica» que desmonte «los mensajes alarmistas de fraude y abuso de los servicios». «Para desmitificar estos prejuicios se precisa elaborar estudios rigurosos sobre el impacto económico de su presencia y sus aportaciones económicas y sociales», dice.