Algo falla en los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Estas instalaciones, cuyo fin es servir de lugar de espera a los sin papeles que van a ser expulsados mientras se resuelven los trámites de su deportación, no funcionan como es debido. No sólo porque «violan los derechos humanos», tal y como han denunciado reiteradamente los colectivos sociales, sino porque ni siquiera cumplen con el objetivo de facilitar la repatriación. Al final, sólo el 53% de los ingresados en los CIE acaba siendo expulsado. En otras palabras: en casi la mitad de los casos la privación de libertad no está justificada.

El porcentaje procede de un informe que la ONG jesuita Pueblos Unidos presenta hoy y en el que se denuncian las condiciones de vida en el CIE de Aluche (Madrid). El Ministerio del Interior, del que dependen los CIE, ha negado de forma sistemática conocer esta estadística, que antes era recogida en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, pero ya no.

La ONG hizo 1.049 visitas al centro y se entrevistó con 248 internos para concluir que hay un «uso irregular e ineficiente del internamiento, que parece más enfocado a causar sufrimiento innecesario que a cumplir lo establecido por la ley».

Cuando, en 2009, fue reformada la Ley de Extranjería, se amplió de 40 a 60 días el tiempo máximo que los sin papeles pueden estar en los CIE hasta su expulsión, pero se dejaba claro también que «el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente». Sin embargo, Pueblos Unidos ha constatado que, en el 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días. Es decir, se les tiene encerrados más de lo «imprescindible» que marca la ley en un régimen «inhumano e ineficiente». «Inhumano», por las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. E «ineficiente», porque, al final, la mitad no son enviados de vuelta a su país.

El informe también denuncia la «arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a la gestión» del centro. Esto es debido, sobre todo, a que aún no se ha aprobado un reglamento que regule el funcionamiento de los CIE, a pesar de que la ley lo imponía para antes de mediados de 2010. Desde Interior se prometió que este reglamento estaría listo para antes del fin de la legislatura, pero sus responsables le han pasado la patata caliente al nuevo Gobierno tras haber sido incapaces de llegar a un acuerdo con los miembros del Ministerio de Trabajo que también estaban redactando el texto, según las fuentes consultadas por este diario.

Así que los CIE siguen sin regular y son «peores que las cárceles», según las denuncias realizadas por las ONG y secundadas por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y varios organismos internacionales.

La red euroafricana Migreurop también ha publicado un informe en el que, tras visitar los CIE de Málaga, Algeciras, Madrid y Barcelona, denuncia que hay «personas privadas del derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a la integridad moral y a la propia dignidad».

De forma paralela, más de 40.000 firmas y cerca de 400 organizaciones exigen, en una campaña por internet, que se regulen los CIE.