Alrededor de mil personas secundaron ayer la convocatoria de manifestación realizada desde una treintena de colectivos, la mayoría, asociaciones que representan o colaboran con trabajadores migrantes, como Almería Acoge o el Sindicato Obreros del Campo (SOC), entre otras. Exigen a la Subdelegación del Gobierno un “trato justo” hacia los trabajadores venidos de otros países y que tratan de regularizar su situación en España. Estos colectivos aseguran que muchas personas son víctimas de “abusos” en la Oficina de Extranjería donde, incluso, se llegan a dar circunstancias “fuera de la ley” al realizar “prácticas abusivas” en la gestión que realizan, explican los convocantes en un manifiesto conjunto.

Según sus observaciones, durante los últimos años se han incrementado las “trabas” para la obtención del permiso de residencia. Particularmente en la autorización excepcional de residencia y trabajo a través del denominado arraigo social por la que se permite un permiso provisional, transcurridos tres años en territorio nacional, si se acreditan una serie de documentos: empadronamiento, contrato de trabajo o expediente policial limpio, entre otras.

Los manifestantes y afectados critican la falta de agilidad de la Administración y la persecución “enfermiza” hacia los demandantes. La cuestión está en que la “tardanza” en responder a las solicitudes hace que muchos de los documentos solicitados hayan caducado y, de nuevo, se vuelve a la gestión inicial.

“Cualquier expediente en Jaén tarda la mitad que aquí. En Almería, solo se resuelven los que salen por recurso Contencioso – administrativo”, sostiene Juan Miralles, de Almería Acoge. “Los abogados de Extranjería nos comentan que son especialmente intransigentes, que establecen filtros infranqueables”. Uno de sus ejemplos es el de una mujer de Guinea Ecuatorial, cuidadora en tres domicilios en los últimos tres años a la que tan solo le falta acreditar un mes de estancia durante ese tiempo. “Es ilógico pensar que no ha estado aquí. ¿Dónde iba a ir?”, se pregunta Miralles, quien pide “justicia, no flexibilidad”.

La normativa de Extranjería “es aplicada en toda España con fluidez”, pero en Almería “la mayor parte de expedientes son puestos bajo sospecha y denegados por cualquier motivo” y el porcentaje que se concede “es extinguido por la oficina de Extranjería a los tres días de estar de baja en Seguridad Social”, acusan los manifestantes. “Tiran por tierra los procesos de normalización y se incrementa la presencia de mafias que dan permisos falsos. Están criminalizando al inmigrante”, insiste Miralles.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, conoce las cifras de extranjería en el resto de provincias y les da la razón. “Almería es un laboratorio” donde se “experimenta” en materia de inmigración para “ver luego qué se va a hacer en otros sitios”.

Hasta finales de noviembre, y según datos del Gobierno, se presentaron 6.254 solicitudes para renovar el permiso de residencia y 4.656 se han denegado. En 900 de los casos la causa es que la empresa no acredita medios para mantener el puesto de trabajo, mientras que en cerca de 350 supuestos la empresa tiene deudas con Hacienda, lo que lleva a pensar a la Administración que la empresa no tiene solvencia. La Subdelegación en Almería atiende cada día a 708 personas.