pamplona. Navarra ha sobrellevado hasta ahora la crisis gracias a la ayuda social que ha supuesto la renta básica, la cuestión que se plantea ahora es: “¿Qué va a ocurrir con todas las personas que con la aplicación de la nueva ley en 2012 queden sin esta prestación y sin ningún tipo de ingreso?”, interpelaba ayer Ángel Iriarte, responsable de Cáritas. La entidad benéfica, que presentó el balance de su actividad anual, cuestionó el recorte presupuestario en la nueva renta de inclusión social previsto para el próximo año y cifrado en un 20%, ajuste que va a dejar sin cobertura económica a “un grupo numeroso” – que no quiso concretar – , máxime en un momento en que las necesidades van en aumento, el “empleo se sigue destruyendo y las previsiones son que el año que viene continúe habiendo ajustes de empleo”. Cáritas lo tiene claro, las colas que se forman en su sede de la calle San Antón, donde se adelantaban los retrasos del Gobierno en el pago de la renta básica, no son nada en comparación con la “avalancha” que esperan con la retirada de esta prestación básica.

Del análisis cuantitativo destacan que mientras la rebaja en el conjunto del presupuesto foral supone el 2,95% del gasto, en la renta básica viene a ser un 20% teniendo en cuenta que en 2011 el gasto va a superar los 36 millones y en 2012 se han presupuestado 28 millones. Sin reducciones, con 36 millones, esta prestación supondría un 0,90% del gasto total del Ejecutivo y, con el recorte, un 0,73%. Porcentajes mínimos.

“Nadie pone en cuestión los recortes, la cuestión es con qué criterios se hacen y si todas las partidas deben sufrir los mismos recortes”, abundó Iriarte. Un recorte que implica, según los propios datos que maneja el Ejecutivo en la memoria económica justificativa del proyecto normativo, un ahorro del 25% del gasto actual (nueve millones) ya que se denegarían el 18% de los expedientes concedidos, que se estiman en 2011 un total de 12.863 (el 6% de usuarios que no llegan a los 24 meses de residencia, el 8% de usuarios sin permisos y el 4% de menores de 30 años), es decir, 2.315. Además, un 10% de las renovaciones actuales (9.792 expedientes anuales), unos 979, se denegarían en aplicación del baremo. Hay que tener en cuenta que en la actualidad hay unas 7.200 familias percibiendo la ayuda y unos 4.500 expedientes sin resolver.

A esta institución le preocupan especialmente los dos colectivos que más se van a ver afectados por la nueva regulación: los inmigrantes sin papeles, que también son aquellos que los van perdiendo porque no tienen trabajo, y los desempleados de clase media baja que han consumido las prestaciones por desempleo y tienen que recurrir a la renta básica, algunos de los cuales llevan dos años cobrándola. Este último grupo “podemos ser cualquiera de nosotros, o mi hermano o el vecino; no el de fuera..”, apostilló. Esta situación de desamparo puede suponer una “fuerte fractura social”. Reconoció que la renta básica no puede ser “una pensión vitalicia. Si se la quitas a una persona cuando hay trabajo está bien, pero si se la quitas cuando no hay trabajo, ¿qué hacemos?”. Cáritas cuestiona además otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para cambiar el modelo de prestación: el fraude “¿dónde no lo hay?”, se preguntó. Añadió al respecto que no se conoce un estudio serio que justifique la razón por la que “tienen que pagar justos por pecadores”. “Si lo trasladásemos a otros grupos sociales, ¡a ver si estaban de acuerdo!: como hay un equis corrupto, pues todos sois corruptos”.

Recordó también que unos diez millones de personas (el 22,5% de la población) viven en España en situación de pobreza relativa, con unos 500 euros al mes, y otros dos millones en pobreza severa, con 300 euros, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN – ES). Cuatro millones más que los que apuntaba el informe Foessa hace cuatro años, sin embargo en Navarra “vemos grandes diferencias” por efecto de la renta.

pago parcial de la deuda Por otro lado, minutos antes de que se celebrara la rueda de prensa convocada por Cáritas, el Gobierno de Navarra abonó ayer 426.867 euros de los 682.607,41 que debía por la gestión que la entidad realiza en concepto de adelantos de la renta básica. El Ejecutivo sigue debiendo 248.678 euros. Cáritas no va a superar los 300.000 euros en la cantidad adelantada y, además, no va adelantar más de dos mensualidades por perceptor. Desde 2008 ha realizado casi 6.800 adelantos por más de ocho millones. El incremento de la cuantía adeudada y el retraso en el tiempo de reintegro por parte del Ejecutivo llevó el pasado 1 de diciembre a paralizar los adelantos y a establecer la condición de no superar los 300.000 euros adelantados. Ahora le quedaría un margen de 52.000 euros para seguir abonando pagos, si bien mostró su “voluntad de seguir con colaboración” y espera que en cuestión de días el Gobierno pueda devolver todo el saldo.