baiona. En el tren de la mañana de Donibane Lohizune a Biarritz un africano con acento senegalés asegura que es de Libreville y que se llama Javier, pero tiene razones para tener miedo y ya no puede esperarse que lo que diga sea verdad.

Según el informe anual presentado por la Cimade (ONG de apoyo a inmigrantes sin papeles) durante 2010 pasaron por el Centro de Retención de Hendaia 360 personas que cometieron “el presunto crimen” de entrar en Francia sin papeles o estar allí con ellos caducados. Fueron interpelados por la Policía en los controles transfronterizos de la PAF (Policía francesa de Aire y Fronteras) que se llevan a cabo en la frontera y en las estaciones de tren del eje Hendaia – Baiona.

Aunque el Tribunal europeo prohibió a los Estados miembros realizar controles automáticos en las fronteras internas de Schengen, como garantía de libre circulación de personas, la PAF se las ha apañado para continuar haciendo los controles, utilizando autorizaciones expresas y numeradas del fiscal, con tal de poder cumplir la promesa del Gobierno de repatriar a la fuerza 30.000 inmigrantes sin papeles cada año. Asimismo, el pasado mes de junio se aprobó una ley que eleva a 45 el número de días que un inmigrante sin papeles puede estar administrativamente retenido en centros como el que la Policía nacional francesa tiene en Hendaia.

Por otro lado, la abogada Laurence Harnoin, en la presentación del informe de la Cimade, subrayó las “condiciones inhumanas” de la experiencia a la que se somete a los que son llevados a estos centros. “Es algo que sobrepasa la valoración de la efectividad de este instrumento” dijo.

Laurence Harnoin afirmó también que “hace diez días el Tribunal de la comunidad europea decidió que el inmigrante no podrá ser interpelado y retenido por la Policía si no se le notifica antes una orden de irse del país”, y según la abogada, el 80% de las personas que pasaron por el centro de retención no entraban en esa categoría, porque además eran la mayoría personas “que tuvieron la desgracia de pasar por Francia”.

56% de liberados Ahora queda por ver los métodos que el prefecto y la Policía emplearán para seguir la misma política ministerial. Cuando el juez dé la libertad de Baiona empezó a liberar a los inmigrantes sin papeles retenidos en Hendaia, el prefecto empezó a llevarlos al juez de Toulousse, sólo que allí acabó ocurriendo lo mismo. Con todo, sólo el 56% de las 360 personas que pasaron por el centro de retención de Hendaia en 2010 acabaron siendo liberadas, por un juez o por la propia Policía, después de permanecer una media de diez días de retención.

Junto a la ampliación del tiempo legal que los inmigrantes pueden ser retenidos, el Gobierno francés ha aumentado las presiones políticas para asegurarse el acuerdo de los países de origen a fin de que los sin papeles capturados puedan ser repatriados automáticamente, sin que importe si se viola el artículo 13 del “droit de l’homme” que declara que toda persona tiene derecho a abandonar su país. Incluso, ha habido casos este verano como el de Fátima, expulsada a Madagascar el día anterior a su comparecencia frente al Tribunal administrativo de Pau.

La abogada de la Cimade explicó que el encierro de una persona contra su voluntad debe ser una excepción y que no puede practicarse por ejemplo como ocurrió este año contra una brasileña que después de haber trabajado en Francia casi toda la vida decidió volver para su jubilación a su país de origen y fue interpelada y expulsada cuando ya tenía comprado el billete de vuelta, “pero así la Policía pudo apuntarse un tanto más en su carrera por alcanzar el número de expulsiones prometidas” según Harnoin.

expulsiones El 21% de las 360 personas que pasaron por el centro de Hendaia en 2010 fueron expulsadas a sus países de origen y el 23% restante, readmitidas en los países de los que habían llegado. La Policía francesa mantiene una coordinación especial con la española denominada CCPD que sirve para facilitar la readmisión inmediata de los inmigrantes en situación irregular que proceden de España y son atrapados en los controles que autoriza el fiscal de Baiona.

La Cimade ha hecho público el “informe, nada complaciente”, pese a ver peligrar su derecho, como ONG concertada con la administración, de dar asistencia jurídica a los inmigrantes sin papeles retenidos. El testimonio incómodo que ha dado en los últimos meses ha hecho que el Gobierno haya abierto a concurso la prestación de este servicio en 2012.