El convenio colectivo de la construcción es tajante: un trabajador portugués debe cobrar y gozar de unas condiciones laborales idénticas a las de un español, pero no siempre es así.

Ayer, CC. OO. hizo público un cálculo según el cual unos 5.000 trabajadores de los 106.000 empleados en el sector de la construcción en Galicia son lusos y llegan captados a través de empresas subcontratistas con sede social en Portugal.

Hasta ahí todo normal, ya que la ley permite a las empresas del país vecino trabajar en Galicia, siempre y cuando se ajusten a la legislación laboral española.

Los expertos consultados se remiten a la Ley 45/99, según la cual las empresas que desplazan mano de obra están obligadas a comunicar la llegada de los trabajadores a las autoridades laborales de la comunidad donde vayan a operar y deben respetar las tablas salariales, las regulaciones de seguridad y horas extras del lugar donde desempeñan el trabajo.

Esta normativa busca evitar discriminaciones entre trabajadores de un país miembro de la UE y los trabajadores desplazados a aquel Estado, así como evitar la competencia desleal entre empresas. Todo lo contrario de la directiva comunitaria Bolkestein, actualmente paralizada, cuyo borrador defiende la contratación de extranjeros con base en las leyes sociales del país de origen.

Esa es la teoría. La práctica demuestra situaciones bien distintas como diferencias salariales de entre 500 y 1.000 euros por debajo de lo estipulado, tal y como demuestran unas nóminas que fijan el precio de la hora trabajada en 2,86 euros.

Ayer los sindicatos uno y otro lado de la frontera pidieron de nuevo la intervención de las autoridades laborales y denunciaron públicamente «una nueva vuelta a la contratación de trabajadores portugueses en condiciones de esclavismo».

Porque lo cierto es que estamos ante un viejo problema, venido a menos con la crisis de la construcción, del que nadie se siente responsable. La cantidad de niveles de subcontratación que llega a encadenar una obra hace que por el camino se pierda el control y, en ocasiones, los derechos laborales.

Las empresas extranjeras tienen que respetar los salarios del país en el que trabajan