Engañó a una quincena de inmigrantes senegaleses a los que cobró dinero a cambio de hacer gestiones para regularizar su situación.

Engañó a una quincena de inmigrantes senegaleses a los que cobró dinero a cambio de hacer gestiones para regularizar su situación.

Sabía que eran personas con mucha necesidad de legalizar su situación en España y seguramente pensó que nunca la denunciarían. Pero no fue así, Maite L. C., vecina de la localidad ourensana de O Carballiño, fue detenida en abril del 2010 y ahora podría ser condenada por un delito de estafa, del que la acusa la Fiscalía de Ourense. Según ella misma reconoció tras ser arrestada por estos hechos, engañó a una quincena de inmigrantes senegaleses sin papeles, a los que cobró dinero a cambio de hacer gestiones para regularizar su situación. Gestiones que sabía que nunca realizaría.

Sin importarle lo más mínimo que se tratase de personas desfavorecidas y con escasos recursos económicos, la acusada ideó un plan para aprovecharse de ellos. Comenzó a ejecutarlo en diciembre del 2009, cuando insertó anuncios en algunos periódicos, así como en páginas de Internet, en los que ofertaba puestos de trabajo a súbditos extranjeros. En los anuncios se incluía un número de teléfono.

Enseguida comenzó a recibir llamadas de extranjeros interesados en las ofertas, con los que concertaba entrevistas. La acusada, que se hacía pasar por abogada titulada y colegiada, «hacía creer a los perjudicados que podrían regularizar su situación ilegal en España y que conseguirían un puesto de trabajo». Su estrategia estaba tan bien preparada que consiguió engañar a muchos.

Obviamente, esa era la finalidad de su plan. Cobraba a las víctimas, haciéndose con cantidades que oscilaban entre los 20 y los 200 euros por persona.

Pero algunos de los clientes sospecharon y, a pesar de su precaria situación, acudieron a la policía. Las primeras denuncias se recibieron aquel mismo mes de diciembre en la comisaría de Vigo. Varios senegaleses relataron su experiencia con la abogada carballiñesa, lo que llevó a los investigadores hasta esa localidad.

Empresas ficticias

Según pudo saberse entonces, el engaño estaba tan perfectamente urdido que la acusada, junto con otras dos personas que fueron detenidas en aquella operación, crearon empresas que estaban registradas con nombre y razón social, pero sin actividad. Los inmigrantes firmaban permisos de residencia que en la mayor parte de los casos terminaban en la papelera. Consta que algunos llegaron a solicitarse oficialmente, aunque fueron rechazados porque los candidatos no cumplían los requisitos.

Finalmente no se hallaron pruebas para perseguir a los dos varones relacionados con el asunto. Eso sí, la cabecilla reconoció los hechos y se prevé que acepte una condena de prisión por un delito de estafa.