bilbao. El Pacto Social por la Inmigración, un documento base elaborado a iniciativa del Gobierno Vasco, plantea que los derechos, obligaciones y libertades fundamentales pivoten sobre la condición de residencia y no sobre el hecho de ser nacional o extranjero.

La consejera vasca de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, presentó ayer en Bilbao este documento a los distintos agentes sociales relacionados con la inmigración para que se inicie un debate que culmine la próxima primavera con un documento definitivo que recogerá las distintas aportaciones realizadas.

El texto, que parte de la base de que hay que afrontar que Euskadi “ya es diversa”, ha sido elaborado por una comisión de expertos encabezada por el catedrático de Filosofía Social y Política de la Universidad de Zaragoza Daniel Innerarity y el doctor en Sociología y profesor de la Universidad del País Vasco Imanol Zubero.

“realidad estructural” En su intervención, Zabaleta explicó la importancia de que los derechos, obligaciones y libertades fundamentales vayan ligados a la condición de residencia ya que, de no ser así, se aceptaría como premisa el trato discriminatorio en el reconocimiento a los derechos de los inmigrantes.

Resaltó que, además, según un encuesta realizada en 2010, nueve de cada diez inmigrantes desean quedarse en el País Vasco al menos los cinco próximos años, lo que convierte un fenómeno transitorio en una “realidad estructural”.

Por ello, la consejera subrayó que los esfuerzos institucionales deben centrarse “más en la integración que en la acogida” y que las leyes deben acompañar la voluntad de permanencia de estos colectivos “sin condenarles a la excepcionalidad”.

El filósofo Daniel Innerarity destacó que el País Vasco “se juega mucho” en el modo en el que resuelve la integración de los inmigrantes porque, según gestione este “pluralismo interior”, estará más legitimado para “exigir hacia fuera el respeto que se debe a su identidad diferenciad”.

“Algunos – subrayó – apelan al pluralismo de la sociedad vasca, pero aceptan con dificultad el pluralismo que procede de la inmigración. Solo si se reconoce el pluralismo en su integridad, Euskadi tendrá esa legitimidad”.

Mantuvo que las sociedades homogéneas son “cosas del pasado” y apuntó que la inmigración permite “mejorar a toda la sociedad porque hace revisar miradas complacientes; cuestiones de pertenencia a un colectivo; advertir injusticias que ya existían; y comprobar que la identidad es el resultado de la síntesis de las personas”.

Imanol Zubero, por su parte, hizo hincapié en que el documento quiere transmitir “una idea de normalidad” sobre la inmigración y afirmó que “lo queramos o no, en este momento ya estamos construyendo un nuevo nosotros vasco entre todos los que vivimos y trabajamos en Euskadi”.

El documento, que no contiene medidas concretas sino que ha sido elaborado para servir de marco a la reflexión, concluye con la idea de que no se trata de un Pacto por la Inmigración sino de un pacto social por Euskadi porque al reflexionar sobre la inmigración se ofrece la oportunidad de “pensar colectivamente sobre la sociedad que queremos para todos”, según puntualizó Zubero.

Ela muestra su rechazo Por su parte, ELA rechazó, a través de un comunicado, el Pacto Social por la Inmigración, propuesto por el Gobierno Vasco, porque considera que lo que pretende el Ejecutivo es “poner en marcha una campaña de imagen para ocultar la inexistencia de una verdadera política de inmigración”.

El sindicato criticó la actitud del Gobierno Vasco, que, en su opinión, “por una parte, recorta derechos esenciales para la integración de los inmigrantes y, por otra, alardea de tener todo el interés de fomentar un discurso responsable que destierre estereotipos”.