Amnistía Internacional se sumó ayer a la larga lista de colectivos sociales, sindicatos policiales, instituciones oficiales y organismos internacionales que llevan años denunciando las redadas masivas e indiscriminadas de inmigrantes que la Policía realiza en varias ciudades españolas.

Esta ONG no sólo constató la existencia de estos controles identificativos basados en características étnicas y raciales, sino que aseguró que son «ilegales» y suponen una «violación de los derechos humanos». «Las autoridades toleran la discriminación racial», señala en una investigación cuyo trabajo de campo realizó en Madrid entre marzo y abril.

«Se dan a diario, son una práctica habitual que forma parte del paisaje urbano», dijo ayer Miguel Ángel Calderón, responsable de Comunicación de Amnistía Internacional España, durante la presentación de este trabajo.

Amnistía lo ha hecho público cuando el Ministerio del Interior que ha propiciado las redadas masivas se encuentra ya en funciones. ¿No hubiera sido más efectivo hacerlo antes? La ONG sostiene que «este informe no hay que entenderlo como una crítica sólo a este último Gobierno», porque «es una denuncia contra algo que ha afectado a muchos gobiernos: la falta de voluntad a la hora de abordar el tema del racismo». Por eso ha realizado un llamamiento al PP para que prohíba estas prácticas policiales. «El primer paso que esperamos del nuevo Ejecutivo es que admita que esto es una realidad, que diga que es ilegal y que tome medidas para que no se haga».