Por unanimidad. El jurado declaró ayer culpable de asesinato con alevosía al joven argelino de 24 años, J.B., acusado de la muerte de un vecino de Bilbao de 58 años, J.F.J.A., en su domicilio de la calle La Cruz en junio de 2009. El reo, que escuchó cabizbajo y sin evidenciar su estado de ánimo el veredicto que le tradujo un intérprete, será condenado a 17 años de cárcel, tal como solicitaron ayer la Fiscalía y la acusación particular. Por contra, algunos de los siete hermanos de la víctima presentes en la sala rompieron a llorar al saber que el asesino de su familiar sería castigado.

Una portavoz del tribunal popular, compuesto por cuatro mujeres y cinco hombres leyó el veredicto a las seis y media de la tarde. Los jurados consideran probado que J.B. estuvo en el domicilio de la víctima, tanto por las huellas y otros restos biológicos encontradas en la habitación donde se produjo el crimen, como por el testimonio de una vecina que le vio en las inmediaciones del portal y en la ventana de la vivienda aquel fin de semana.

Se habían retirado a deliberar a las once de la mañana, después de que la magistrada de la Sección Primera que actuaba como presidenta les entregara el objeto del veredicto, que contiene los puntos sobre los que tenían que debatir. Durante seis horas permanecieron incomunicados. Entre otros puntos, acordaron por unanimidad que la víctima había recibido un golpe en la cabeza que le había provocado un traumatismo. El acusado asumió en una de sus declaraciones que hubo un forcejeo y que golpeó a J.F.J.A., que cayó al suelo aturdido, según explicaron los forenses. Según el acta del veredicto, se colocó de rodillas sobre sus hombros y le provocó la muerte «de forma intencionada e impidiéndole cualquier posibilidad de defensa». El asesinato se produjo por un «doble mecanismo, compatible con la pesa rosa, en la que había restos del acusado», con la que le asfixió, y «por sofocación», probablemente con una de las almohadas encontradas en el dormitorio.

Los jurados rechazaron por «incoherente» la declaración del acusado en la primera sesión del juicio, en la que aseguró que cuando él salió de la vivienda la víctima estaba viva e insinuó que dos individuos de origen marroquí que le acosaban podían haber sido los autores de la muerte. Según el acta del veredicto, «no existe ninguna prueba de la presencia de otras personas».

«Mínima pena posible»

La defensa incidió en la data de la muerte que los forenses fijaban un día después de lo que se pensaba hasta entonces y por tanto ponía en duda la autoría por parte de su cliente, ya que «las pruebas le situaban en el lugar del crimen, pero no en el tiempo». Los jurados atribuyeron esta aparente contradicción «al margen de error recogido en el informe de autopsia». Respecto a la petición de indulto que la Ley otorga al jurado, los nueve miembros del tribunal popular decidieron, también por unanimidad, que «no procede, dada la gravedad de los hechos».

En su turno de intervención, la fiscal mantuvo su petición de 17 años de cárcel y una indemnización para la familia de 150.000 euros por daños morales. La acusación particular se adhirió a la Fiscalía, y rebajó en un año su solicitud tras mostrar su «satisfacción» por el veredicto, y la defensa reclamó que se le imponga a su cliente la «mínima pena posible».

El condenado, al que los ertzainas le colocaron las esposas, fue conducido de nuevo a la prisión alavesa de Nanclares de la Oca en la que estaba ingresado de forma provisional para que cumpla la pena. Antes de dar por terminado el juicio, la magistrada felicitó al jurado por su «labor concienzuda y rápida».