UNO de los indicadores que señalan que la economía vasca – dentro de la crudeza de la crisis y en medio de un preocupante crecimiento del paro – sigue siendo aún tierra de oportunidades lo señala el dato recogido en el Anuario de la Inmigración del País Vasco de 2010. Se detecta un leve descenso del flujo de entrada pero el hecho de que en Euskadi el porcentaje de personas extranjeras sea la mitad que en el Estado (6,6% frente a un 12,2%) y que la economía española haya dado por finiquitada su “década prodigiosa”, dibuja a la CAV como un territorio donde aún existen oportunidades de trabajo. Hasta ahora Euskadi había recibido a menos inmigrantes , estos habían llegado más tarde, por lo tanto, aún existen nichos de empleo para ellos en el sector doméstico y en el cuidado de personas. O sería mejor indicar para ellas dado que se trata de tareas desempeñadas tradicionalmente por mujeres , lo que convierte a las inmigrantes en un grupo con potencialidades laborales, cosa que no ocurre en el caso de los hombres, ya que la demanda de mano de obra en sectores como el de la construcción ha caído drásticamente. El progresivo envejecimiento de la población vasca es otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar este flujo migratorio, porque en Euskadi se está activando un mercado de trabajo con un gran potencial en torno al cuidado de las personas mayores. Y ello deriva en otra cuestión mucho más espinosa que tiene que ver con las condiciones laborales en las que estas mujeres ejercen diariamente su tarea. Mujer, inmigrante, a menudo sostén de la economía familiar y cuidadora son los componentes de un fotografía que dibuja una práctica laboral que se presta a la explotación y a todo tipo de abusos. Un perfil que convierte a estas mujeres en vulnerables, sin margen para plantear mejoras en sus condiciones de trabajo. Si es cierto, tal y como señalan las predicciones, que en Euskadi aún hay margen para nuevos inmigrantes y ello va a suceder en ámbitos de trabajo tradicionalmente “femeninos”, las instituciones competentes – en especial, el Gobierno Vasco – tienen ahí una tarea que desempeñar para vigilar si se están cumpliendo con garantías los derechos laborales de estas mujeres y no permitir que la rueda de la precariedad y de la vulnerabilidad avance más.