El Tribunal Supremo ha concedido la nacionalidad española a un marroquí pese al dictamen en contra del Centro Nacional de Inteligencia, que alegó que este militaba en un grupo fundamentalista islamista, aunque sin aportar pruebas invocando la seguridad nacional y la “reserva” con la que debe trabajar.

El Supremo considera que el marroquí A.B. vive en Sevilla desde 1991, donde regenta una carnicería, paga sus impuestos, tiene tres hijos españoles que han estudiado en colegios españoles y colabora en las fiestas de la barriada donde vive. Por ello, está “perfectamente integrado en la sociedad española”, como exige la ley, y no hay ninguna prueba de que sea militante del movimiento Tabligh, como alegó el Abogado del Estado para oponerse a la concesión de la nacionalidad. El Abogado del Estado se limitó a informar de que A.B. militaba en dicho movimiento, que defiende la reislamización de la sociedad y cuyos miembros “tienen un trato correcto, pero el mínimo indispensable, con la sociedad del país occidental de acogida”.