RAFAEL POCH – Berlín. Corresponsal

La continuidad de los aparatos del Estado tras la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un gran tabú
En los últimos veinte años los neonazis han matado a 147 personas en Alemania. Familias emigrantes abrasadas en su residencia, africanos, asiáticos y turcos tiroteados a quemarropa o bárbaramente golpeados hasta la muerte en estaciones de metro, calles y pasos subterráneos. Vagabundos, adolescentes, mujeres , ancianos, izquierdistas, policías… la violencia de extrema derecha es, con gran diferencia, el principal factor de terrorismo en el país.

Ha matado mucho más que el radicalismo islámico, que en Alemania no ha producido ningún gran atentado. Mucho más que la Facción del Ejército Rojo de Andreas Baader y Ulrike Meinhof, que mató a 34 personas entre su fundación en 1970 y su disolución en 1998, sin contar los 27 activistas que la banda dejó por el camino en tiroteos con la policía y huelgas de hambre. Esas violencias, que han inspirado toneladas de obras y titulares de periódico, se quedan muy cortas al lado de la violencia neonazi. Sin embargo no se reconoce.

El país vive estos días como una sorpresa el caso del grupo Nationalsozialistischer Untergrund (Clandestinidad nacionalsocialista), un trío de Turingia que durante trece años cometió, presuntamente, por lo menos diez asesinatos en serie, catorce atracos bancarios y tres atentados con bomba con decenas de heridos, en contacto, y quizás protegido, por el Verfassungsschutz (BfV), la policía política alemana endémicamente “ciega de su ojo derecho”, como se dice estos días, es decir: concentrada en todo tipo de enemigos internos,reales o imaginarios, muchos de ellos de izquierdas, e indulgente y protectora de una escena nazi donde sus infiltrados, los llamados V-Leute, vienen practicando desde tiempo inmemorial, un ambiguo doble juego en el que a menudo se borra la diferencia entre el agente secreto o confidente policial y el activista nazi.

El Gobierno alemán ni siquiera reconoce la lista de las 147 víctimas mortales de los neonazis generada desde 1990, publicada por la prensa, con nombres, apellidos y circunstancias, y la reduce a 40 nombres. El ministro del Interior, Hans-Peter Friedrich, negaba hace dos meses, con motivo de la matanza del ultra Anders Breivik en Noruega, “cualquier indicio de actividades terroristas nazis en Alemania”. La canciller Angela Merkel se refirió el lunes al mencionado grupo de Turingia, impune e indetectado por la policía durante trece años, como una “vergüenza para Alemania”. Pero, ¿cómo explicar esa endémica “ceguera del ojo derecho” que está en boca de todos?

Algo tiene que ver con la historia del país, con la notable continuidad de sus aparatos de Estado, policía y judicatura, en los años cuarenta y cincuenta, uno de los grandes tabúes de la Alemania de hoy. En 1949, el 56% de los altos funcionarios de la policía de Renania del Norte-Westfalia procedía del partido nazi (NSDAP) y de las SS. En los años cincuenta en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi, mientras que en Baden-Württemberg, el 50%. El juez ex nazi Eduard Dreher fue el encargado de la reforma del Código Penal en el Ministerio de Justicia a partir de 1954 e impuso la prescripción para los crímenes de complicidad con asesinato, que liberó de toda responsabilidad a los nazis, una especie de amnistía general. Esa ausencia de desnazificación, que la guerra fría y los aliados potenciaron en aras del combate contra el comunismo, contribuyó a una continuidad burocrática que aún hoy desprende un ambiguo tufillo.

Muy pocos saben que el mayor atentado terrorista de la historia de Alemania, el de la Oktoberfest de Munich en 1980, que provocó 13 muertos y 211 heridos, fue obra de un neonazi que, según se presentó, actuó en solitario, sin cobertura, infraestructura ni organización.