La frontera británica parece estar fuera de control y la sombra de la corrupción es cada vez más alargada. Ayer trascendió la detención de un empleado de alto nivel de la Agencia Fronteriza por aceptar sobornos a cambio de permitir la entrada a inmigrantes nigerianos en el país. Se trata de Samuel Shoyeju, un funcionario encargado del control de solicitudes de visado procedentes de África.

Shoyeju fue detenido en su oficina de Croydon, en el sur de Londres, según el Sunday Times. Esta semana comparecerá ante un tribunal, acusado de posesión de pasaportes nigerianos falsos y de recibir pagos sustanciales en su cuenta bancaria. Se le acusa también de mala conducta en una oficina pública y de infringir la ley de inmigración con la expedición falsa de pasaportes. Scotland Yard confirmó la información.

La detención se produce días después de que el director de la Agencia Fronteriza, Brody Clark, y otros dos directivos fueran suspendidos de sus cargos cuando una comisión parlamentaria concluyó que 124.000 extracomunitarios habían entrado en el país sin que se realizaran los controles completos de pasaporte ni de terrorismo. Según la comisión, el Gobierno «ha perdido la pista» de todos estos inmigrantes ilegales y desconoce su paradero. Se teme que entre ellos puedan esconderse terroristas.

Con relación a este informe, Sunday Times añade, citando fuentes dentro de la agencia, que su director ordenó el pasado agosto la «relajación» de los controles en determinados puestos fronterizos, como Heathrow o Gatwick, los dos principales aeropuertos del país.

Clark pudo sentirse forzado a tomar esta decisión a causa del aumento de las filas, consecuencia de la reducción del número de agentes en un 10%, provocada por el recorte presupuestario del Gobierno en enero.

Lo cierto es que, según la comisión, el número de casos de inmigrantes cuyo rastro se ha perdido completamente pasó de 40.500 en marzo a 124.000 en septiembre.

No es el único caso de corrupción en la agencia este año. El mes pasado otro funcionario, Benjamin Orororo, fue condenado a cinco años de cárcel tras admitir que permitió la estancia indefinida en el país a 19 solicitantes de asilo a cambio de unos 58.000 euros. Se cree que Orororo está colaborando con Scotland Yard en la investigación para combatir la corrupción en la frontera.

También se ha sabido que otro funcionario, detenido meses atrás por facilitar la inmigración ilegal, tenía antecedentes por tráfico infantil al Reino Unido. Pero no lo supieron hasta que cometió su último delito.

El escándalo ha puesto contra las cuerdas al Gobierno. La ministra del Interior, Theresa May, ha ordenado dos investigaciones profundas y hoy comparecerá ante el Parlamento para dar explicaciones. «Debe aclarar si el recorte de 5.000 efectivos [consecuencia del recorte del presupuesto de enero] en la agencia ha perjudicado los controles», exigió Yvette Cooper, la responsable de Interior de la oposición laborista, quien además instó al Ejecutivo a recuperar rápidamente el control en las fronteras.